La hullera pública Hunosa ya ha presentado las acciones legales contra el Grupo Alonso por la supuesta desaparición de mineral del Almacén Estratégico Temporal del Carbón (AETC), creado por el Gobierno en julio de 2009 con el fin de comprar, almacenar y posteriormente vender el carbón que en ese momento no adquirían las eléctricas y cuya gestión se le encomendó a la empresa asturiana.

En concreto, se han presentado una demanda por la vía civil y una querella en el Juzgado de lo Penal. La primera fue registrada a mediados de este mes, y pocos días más tarde se presentó la segunda. En concreto, las acusaciones de Hunosa hacia el grupo Alonso son por estafa y apropiación indebida de mineral del AETC, donde Hunosa detectó un desfase de más de 500.000 toneladas de mineral, valoradas en cerca de 46 millones de euros. La compañía estatal minera tardó en torno a dos meses en presentar las acciones judiciales, toda vez que su presidenta, María Teresa Mallada, había anunciado el pasado 20 de febrero las intenciones de la hullera pública de denunciar la desaparición del citado mineral. En esta batalla judicial, el grupo Alonso, ya había dado el primer paso, con la presentación, el 14 de febrero, de una demanda en el juzgado número 5 de Oviedo por «incumplimiento de los contratos suscritos para la compraventa de carbones con destino al Almacenamiento Estratégico Temporal de Carbones (AETC)».

Otro de los puntos claves que dirimirán el asunto en el juzgado serán los informes elaborados por la perito designada por el Colegio de Ingenieros de Minas, cuyo segundo trabajo acaba de terminar. En esta segunda medición del carbón de los almacenes del Grupo Alonso, según ha aireado la empresa, la ingeniera certifica que Uminsa y Coto Minero Cantábrico disponen en sus parques de carbones de 1,2 millones de toneladas de mineral vendibles, lo que supondría unas 50.000 toneladas más de las que tiene suscritas en los contratos de suministro con Hunosa en el marco del Almacén Estratégico. Eso sí, en esta segunda medición, solicitada por el propio Victorino Alonso, que también pidió que fuera la misma perito que había realizado el primer informe la que la llevara a cabo, se incluyeron todas las reservas de carbón almacenado en las instalaciones de las dos empresas de Alonso, algo que no se había hecho en la primera medición, donde solamente se habían tenido en cuenta las pilas señaladas por Hunosa como parte del AETC. Este segundo informe ya está en manos del Colegio de Ingenieros de Minas, que será el organismo que tendrá que validarlo finalmente. Desde el Grupo Alonso ya se da por bueno el documento, y uno de sus abogados señalaba hace unos días a una radio de León que el informe «ratifica lo que ya sabíamos desde el principio, que 577.000 toneladas de carbón no desaparecen de hoy para mañana así como así».

Tras conocerse la existencia de este segundo informe sobre la desaparición del mineral del AETC, la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), emplazó ayer a la dirección de Hunosa «a aclarar si es cierto que no habrían desaparecido las 528.000 toneladas de carbón almacenado en Uminsa y CMC y que incluso el Grupo Alonso almacenaría en sus empresas unas 60.000 toneladas más de carbón». En espera que el nuevo informe sea validado por el Colegio de Ingenieros de Minas, para posteriormente ser enviado al Ministerio de Industria, la FSA-PSOE «urge a Hunosa a pronunciarse sobre las nuevas conclusiones que arroja el informe que, de ser ciertas, pondrían en cuestión la denuncia de la desaparición de carbón».

La denuncia pública que Hunosa realizó sobre la desaparición del carbón de los parques propiedad de Victorino Alonso ha sido uno de los motivos por los que el Gobierno central ha retenido el pago de las ayudas a la producción del año 2012 al grupo del empresario leonés, además de las deudas que la empresa mantiene con la Seguridad Social.

Protestas de los trabajadores de Cerredo en Oviedo

Más de medio centenar de trabajadores de la mina de Cerredo, del Grupo Alonso, se concentraron ayer frente a la sede del Gobierno asturiano para solicitar una entrevista con su presidente, Javier Fernández, y ante la sede regional del PP, como muestra la imagen, para protestar por la situación del sector. De los 261 empleados que tenía la explotación de Cerredo a principios de año, actualmente sólo se encuentran trabajando tres, mientras que 169 fueron despedidos y el resto están en huelga. Nadie bajó a hablar con ellos y no se produjeron incidentes.