El SOMA-FITAG-UGT reclamó ayer ejercer un mayor control sobre las ayudas de fondos mineros a proyectos empresariales y dar más agilidad a los trámites de concesión de las ayudas, con el objetivo de que las iniciativas subvencionadas puedan ponerse en marcha con una mayor celeridad. Así lo expresó José Luis Alperi, secretario general del sindicato: "La resolución de las convocatorias debe hacerse de una forma más ágil para que se pueda generar actividad económica y empleo de manera más rápida. En la concesión de las ayudas también deberían existir mecanismos para ejercer un mayor control administrativo y poder recuperar el dinero cuando se trate de empresas que vienen únicamente a por la subvención".

El Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, entidad dependiente del Ministerio de Industria, abrió a mediados del mes pasado la convocatoria de ayudas empresariales del Plan Minero correspondientes al presente ejercicio. Se destina 11,2 millones de euros con cargo a los presupuestos del próximo año, dejando otros 10 adicionales que quedan condicionados a la disponibilidad de crédito y la existencia de peticiones.

La convocatoria distingue entre las ayudas a proyectos empresariales generadores de empleo y las subvenciones a pequeños proyectos de inversión. En ambos casos, establece un plazo de dos meses para que las compañías interesadas presenten su petición, es decir, hasta el próximo 15 de octubre. Industria, por su parte, se compromete a responder a las propuestas, como máximo, seis meses después de que haya terminado el periodo de solicitud. Para Alperi, es preciso "agilizar" los trámites de la convocatoria para que las ayudas reviertan a la mayor brevedad posible en la generación de empleo, más en un momento de crisis económica.

Las ayudas estarán más limitadas que en anteriores convocatorias para luchar contra las compañías "cazasubvenciones". Las firmas deberán garantizar que al menos del 25% de la inversión subvencionable se aporta sin apoyo de fondos públicos. Todos los proyectos deberán generar, como mínimo tres empleos que deberán mantenerse un mínimo de tres años. "Hay que imponer mecanismos para que haya un mayor control y se recupere el dinero si las empresas no cumplen los objetivos de las ayudas", concluyó Alperi.