Los trabajadores de Coto Minero Cantábrico (CMC) han acusado hoy al Gobierno asturiano de ser "el portavoz" del empresario leonés Victorino Alonso al retrasar la licencia de explotación de la mina a cielo abierto de Cerredo en la que trabajan actualmente unos cuatrocientos trabajadores de forma directa.
El presidente del comité de empresa, Luis María Fernández, ha formulado estas críticas durante la concentración que hoy han llevado a cabo ante la sede de la Consejería de Economía y Empleo del Principado varios centenares de trabajo de la explotación, que secundaban además una jornada de huelga en la empresa.
Según Fernández, el Ejecutivo regional no ha aceptado sus peticiones de reunión en las últimas semanas y "se está equivocando" al alegar que la aprobación del plan de labores en la mina a cielo abierto de Cerredo requiere de un acuerdo entre CMC y Uminsa, la compañía de Victorino Alonso anterior propietaria de Coto Minero.
"No hay nada que impida que lo explote CMC y están poniendo en riesgo la mejor empresa minera de España", ha advertido el dirigente sindical dado que, a su juicio, Uminsa, al plantear que se divida la explotación a cielo abierto, está planteando una reclamación sobre "algo que no es suyo" y cuya concesión compete al Principado.
Para Fernández, la empresa de Alonso pretende recuperar los derechos de explotación de la mina "sin cargas y sin trabajadores" y ha subrayado que la plantilla no está dispuesta a ser "los paganos de sus deudas" al ser conscientes de que los tentáculos del empresario leonés "llegan muy lejos".
Así, el presidente del comité de empresa ha defendido que CMC tiene "toda la documentación presentada" para disponer del plan de labor que permita continuar con la actividad extractiva en la mina de Cerredo y el Principado, al requerir un acuerdo previo entre Coto Minero y Uminsa, está reclamado "algo que no le compete".
Al margen de esta cuestión, CMC, que según los sindicatos genera empleo indirecto para otros 600 trabajadores, se encuentra en fase de liquidación a la espera de que se confirme su adjudicación de forma condicionada a la compañía Minera Astur-Leonesa.
Esta sociedad, propiedad del empresario Rodolfo Cachero, debe acreditar antes del 30 de septiembre que puede hacer frente a los compromisos económicos de CMC de cara a la adjudicación definitiva.
Según los sindicatos, tanto los administradores concursales como Minera Astur-Leonesa les trasladaron el pasado lunes su voluntad de que la adjudicación se haga definitiva tras haber alcanzado ya un acuerdo con la plantilla sobre las deudas de CMC con sus empleados.
Fernández ha adelantado también que la empresa ha alcanzado ya acuerdos con siete de sus diez acreedores y que está a la espera de cerrarlo también con el Ministerio de Hacienda aunque no ha descartado la posibilidad de que se solicite un aplazamiento de la fecha límite fijada para convertir la adjudicación en definitiva.
A la concentración llevada a cabo en la Plaza de España en medio del lanzamiento de numerosos petardos de gran potencia han asistido dirigentes políticos como el coordinador general de IU de Asturias, Manuel González Orviz, y el diputado de Foro Juan Ramón Campo, que ha criticado la "dejadez" y la "falta de compromiso" del Gobierno regional con la situación de la minería en la comarca suroccidental.
