El Ministerio de Industria pretende abonar sólo una parte de los convenios mineros de 2011, que suman una inversión de 213 millones de euros, y que una sentencia de la Audiencia Nacional ha obligado a pagar. Según el Gobierno del PP, la sentencia "no obliga a pagar todas las obras", algo que niega el Principado, la parte vencedora del juicio. Más allá de esta polémica, que podría volver a dilucidarse en los tribunales, lo que es seguro al 100% es que el Gobierno va a tener que pagar todas las costas de este proceso judicial, que ascienden a un total de 406.896,97 euros.
La sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ya ha practicado a tasación de las costas judiciales del litigio entre el Principado y el Ministerio de Industria por los fondos mineros de 2011. El Gobierno había perdido en primera instancia, y posteriormente había recurrido la sentencia. En la última resolución judicial, además de dar la razón a las tesis del Principado, la Audiencia Nacional ordenaba cargar todas las costas del proceso al Ministerio de Industria, Energía y Turismo. En la tasación de costas se refleja que se deberán pagar, al abogado contratado por el Principado, los 7.437,6 euros que costaron sus servicios. También debe afrontar un pago de los "derechos y suplidos de procurador", que se calculan según un arancel y en función de la cantidad económica en litigio, en este caso 213.056.914,9 euros. De este modo, el precio de estos derechos ascienden a 398.896,97 euros. En total, según la nota de tasación de costas elaborada por el secretario judicial de la sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, el proceso tuvo un coste de 406.334,57 euros. Esta cantidad tendrá que ser pagado en su totalidad por el Ministerio de Industria (dinero público).
En la sentencia, el juzgado estimó parcialmente el recurso presentado por el Principado, que reclamaba 213 millones de euros de obras de fondos mineros de 2011. El fallo obliga a revisar 58 convenios para identificar los "posibles incumplimientos, a los efectos de establecer el pago de las cantidades que, en todo caso, procedan". El secretario de estado de Energía, Alberto Nadal, afirmó la semana pasada que la sentencia "no obliga a pagar todas las obras", y que no se sufragarán las que consideren que "no han cumplido los trámites". Estas declaraciones molestaron en el seno del Principado, que afirmó que el Gobierno está a un paso de estar "en rebeldía", y amenazó con volver a ir a los tribunales si no se cumple la sentencia.
