El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 4 ha exigido al Ministerio de Industria que cumpla con la sentencia sobre el pago de los fondos mineros por la que deberá abonar al Principado hasta 213 millones correspondientes a los convenios del año 2011. Así lo anunció ayer el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, señalando que el requerimiento de ejecución de la sentencia da un plazo de quince días al Gobierno central para que informe sobre las gestiones que ha realizado para cumplir con la ejecución y que, sin más dilación, "proceda a cumplir en su totalidad lo dispuesto en la sentencia a ejecutar".

El requerimiento judicial viene a demostrar, como aseveró Martínez, "que el Gobierno del PP le ha dado la espalda a Asturias y a los asturianos, negándose a pagar lo que debe, primero con el silencio, después con la obstrucción judicial y, por último, con la provocación": Al respecto de esto último, el consejero hizo referencia a las exigencias llegadas hace unos meses desde Industria, que, lejos de abonar lo adeudado, exigían la devolución de las ayudas ya pagadas. Una "estratagema" a la que el Ministerio no podrá acogerse, porque la notificación judicial, y a requerimiento del Principado, exige que "se abstenga de realizar cualquier acto que sea contrario a lo dispuesto en el fallo de la sentencia a ejecutar". Eso sí, Industria tiene la posibilidad de presentar un recurso de reposición contra este requerimiento.

Hasta el momento, además de reclamar la devolución de las subvenciones concedidas, el Ministerio de Industria, a través del Instituto del Carbón, se ha limitado a afirmar que el Principado no había acreditado correctamente la ejecución completa de los proyectos. Sin embargo, como apuntó Guillermo Martínez, estos casos están afectados por una sentencia judicial del 28 de octubre de 2013, que fue recurrida por el Gobierno central y ratificada el año pasado por la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Desde entonces, el Principado "ha hecho múltiples intentos para que el Ministerio de Industria acate y ejecute el fallo judicial". En su opinión, "se trata de una estratagema jurídica para evitar el cumplimiento de la sentencia, más propia de las tretas de un mal pagador que de la responsabilidad de quienes han sido elegidos para ocupar el Gobierno de España y cumplir con la ley".

El Ejecutivo regional, por su parte, "tiene a gala su lealtad institucional, la hemos practicado siempre, mientras que la actitud de Industria ha sido justo la contraria, si algo le define es la deslealtad y la irresponsabilidad". Asimismo, el consejero de Presidencia también salió al paso de las denuncias realizadas por otros partidos de la Junta que acusaban al Gobierno regional de no haber exigido la ejecución inmediata de la sentencia. "No tardamos ni 48 horas en hacerlo, además de enviar múltiples requerimientos al Ministerio, tanto por fax, como por carta y teléfono, requerimientos por los que nunca tuvimos contestación, tan sólo exigencias", aseveró Guillermo Martínez.