La Federación Socialista Asturiana (FSA) y el Gobierno regional (PSOE) exigen al Ejecutivo central que abandone la vía judicial para la devolución de los fondos mineros e inicie un diálogo institucional. Así lo reclamaron ayer el Secretario de Organización de la FSA, Jesús Gutiérrez, y el Consejero de Industria y Empleo, Graciano Torre, después de mantener un encuentro con los alcaldes mineros de Asturias. Si la actitud del Ministerio de Industria "no da un giro de ciento ochenta grados", amenazaron con emprender "medidas de presión" acordadas previamente con los sindicatos mineros. Por el momento, ya han redactado un manifiesto al que esperan que se adhieran todos los ayuntamientos de las comarcas carboneras

Los trámites judiciales para la reclamación de los fondos mineros pendientes, que alcanzan una cuantía superior a 213 millones de euros, están ahora en un punto crítico. El juzgado central de lo Contencioso-Administrativo número 4 dictó sentencia a favor del Principado en octubre de 2013. En el fallo, el titular de la sala reclamó "el pago de las cantidades que, en su caso, procedan". El Gobierno central recurrió y volvió a recibir un fallo en contra. Ahora, a propuesta de la Administración regional, se ha dictado una nueva petición judicial que exige al Gobierno central a cumplir con la sentencia. El ministro de Industria, José Manuel Soria, ya ha dejado claro que la orden "no obliga a hacer ningún pago".

Esas declaraciones han caído como un jarro de agua fría en el Principado y la FSA. Jesús Gutiérrez destacó ayer que "lo que viene a decir es que se pasa por el arco del triunfo esa decisión de la judicatura, es un desprecio por las Cuencas". Graciano Torre va más allá y asegura que "llevan años buscando subterfugios, no pagar algo que les corresponde como deja suficientemente claro la sentencia".

Los responsables regionales tienen ahora dos líneas de actuación previstas. La primera, esperar a que el Gobierno central responda ante el Juzgado sobre las actuaciones que ha llevado a cabo en relación al fallo judicial: "Tienen un plazo de quince días que está a punto de terminar, después nosotros esperaremos a que hable el juez y tomaremos medidas si es necesario", señaló Torre. Aunque reiteró que el camino judicial no es la mejor opción, seguirán por esa vía si el ministerio de Industria no da marcha atrás.

Fuera de ese ámbito, no se quedarán con los brazos cruzados. "Estamos estudiando qué medidas podríamos tomar junto a los sindicatos", señaló Gutiérrez, quien evitó hablar de movilizaciones porque "no podemos poner la venda antes que la herida".

No quieren precipitarse, aunque reconocen que queda muy poco tiempo. "Tenemos que actuar rápido porque, precisamente, el Gobierno central quiere dejar el tiempo correr y esperar a que pase este periodo legislativo", aseguró el Secretario de Organización de la FSA. De hecho, reconoció que "a nada que haga el Gobierno será muy difícil cerrar el cobro antes de las próximas elecciones". Dejó claro, además, que "no nos vamos a dejar vapulear, se lo debemos a las Cuencas y a sus vecinos".

El manifiesto, que se ha redactado con los alcaldes del PSOE en las Cuencas, muestra su "pleno rechazo" a la actitud dilatoria del Gobierno central y también la firme exigencia del cumplimiento "total y sin excusas" de la sentencia. Hacen un llamamiento a la unión de todos los ayuntamientos mineros, sin que importe el signo político.