La dirección general de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha reducido drásticamente las inversiones en materia de seguridad minera durante los últimos años. Entre 2010 y 2014, las subvenciones han quedado reducidas prácticamente a la mitad. Hablando en números, la dirección general otorgó a este área 2.253.876 euros en 2010 frente a los 1.258.410 de 2013 (a ejecutar durante el año pasado). En materia de formación para la seguridad, la cifra bajó de 2,8 millones a 609.121 euros. Así lo apuntan los datos ofrecidos por el Gobierno del PP al diputado nacional de IU y diputado electo regional de la coalición de izquierdas, Gaspar Llamazares, después de que formulara una batería de preguntas sobre el accidente Emilio del Valle de Santa Lucía (Pola de Gordón, León), en el que perdieron la vida seis trabajadores.

Las inversiones totales en seguridad minera, entre 2010 y 2013, suman 6,7 millones de euros. Se destinaron para la financiación de ciento cincuenta y nueve proyectos. El bajón más notable se produjo entre los años 2010 y 2011 (aún con el PSOE), cuando las inversiones se redujeron en 476.272 euros. En 2012 se mermaron otros 318.696, y 200.458 euros en 2013. En total, la reducción suma casi un millón de euros. La merma ha sido aún más drástica en materia de formación en seguridad minera. Según los datos oficiales, en 2013 se sufragaron veinticuatro proyectos por un importe de 609.121 euros. En 2010, se pagaron cincuenta y un planes con 2,8 millones de euros. Las inversiones se redujeron en más de la mitad entre 2011 y 2012: de 2,3 millones a 1.047.160 euros.

Los datos que ha hecho públicos el Gobierno responden a una de las cuestiones de Llamazares. El representante de IU quería saber cuál había sido la evolución de las partidas de los Presupuestos Generales del Estado ejecutadas anualmente desde 2010 a 2014 en materia de prevención de riesgos y seguridad minera. Formuló otras preguntas, como si se habían cambiado los planes de explotación y las normas de seguridad en el pozo Emilio del Valle. También si es cierto que una subcontrata húngara está explotando una parte del pozo leonés y por qué la Comisión Nacional de Seguridad Minera llevaba sin reunirse más de dos años en el momento en el que se produjo el accidente, a pesar de que deberían de celebrarse cuatro reuniones cada año.

El Gobierno central no tiene respuestas. Los responsables del Ministerio de Industria aseguran que "las competencias en materia de inspección y vigilancia en minería se transfirieron a la Junta de Castilla y León". Una medida incluida en el Real Decreto sobre valoración definitiva y ampliación de funciones a los servicios traspasados. Además, apunta el documento, "la convocatoria y funcionamiento de la Comisión Regional de Seguridad Minera" también depende de la Junta de Castilla y León. Este órgano es el encargado de hacer llegar la información hasta el Ministerio de Industria.