La propuesta que el Ministerio de Industria pondrá encima de la mesa pasado mañana, lunes, para la modificación del régimen de las prejubilaciones tiene truco. Y es que el Gobierno no tiene previsto aumentar el número de mineros que se acojan a este retiro anticipado, sino que solamente afectará a aquellos trabajadores que se iban a ir en 2017 y 2018. Además, tampoco supondrá un coste a mayores para las arcas del Estado ya que los sindicatos sospechan la permanencia de uno o dos años más en el sistema correrá a cargo del propio trabajador, que verá reducidos sus emolumentos mensuales hasta la edad de jubilación.
El responsable estatal de Minería de FITAG-UGT, Víctor Fernández, se mostró ayer crítico con la propuesta del Gobierno. A su juicio, los planes de Industria siguen "la misma línea que estaba marcada en el plan del carbón, es decir, que la edad para prejubilarse es de 54 años y lo único que varía es que los trabajadores a los que les tocaba irse con esa edad en 2017 y 2018 podrán hacerlo antes, pero asumiendo ellos el coste". El líder sindical apuntó que a su juicio, si se reforma el actual sistema, debe de ser para todo el sector. "Entendemos que lo que hay que aplicar es una reducción de la edad de prejubilación a los 52 años para todo el mundo y de esta manera se podrían beneficiar los mineros que fueran a retirarse en 2019 y 2020", indicó Fernández, que agregó que, "si sólo es para los trabajadores que se iban a ir en los dos últimos años del plan, se cierra todo". Por ello, apuntó, en la reunión del lunes "lo que vamos a plantear es que se aplique a todo el mundo".
Además, para Víctor Fernández es indispensable que se mantengan los parámetros económicos de las prejubilaciones sin que esto afecte a los emolumentos de los mineros que se acojan al retiro anticipado. "Según parece, lo que pretende el Gobierno es que por ejemplo, si un trabajador iba a cobrar 30.000 euros al año durante los 13 años de prejubilación hasta entrar en caja, ahora se va a reducir esa cuantía y se va a dividir entre 15 años, por lo que el propio trabajador sería el que asumiera el coste de la medida", indicó. En este sentido, abogó porque si Industria no varía su postura, la medida pueda ser voluntaria. "No vemos que haya ningún beneficio y entendemos que por lo tanto han de ser los propios trabajadores los que elijan si quieren o no prejubilarse antes", apuntó, para explicar que "de hacerse como nosotros planteamos, habría una doble variable, seguir como marca el plan o acogerse a la nueva disposición".
Por último, el portavoz de FITAG-UGT agregó que la única meta del Gobierno "parece ser que se pueda cerrar alguna mina de forma anticipada y que los trabajadores marchen para casa antes de lo previsto".
El responsable de Minería de CC OO de Industria a nivel estatal, José Luis Villares, aseguró que la propuesta del Gobierno "llega mal y tarde, ya que durante la negociación del actual plan del carbón nosotros ya dijimos que la edad de prejubilación debería de haberse mantenido en los 52 años, como estaba establecido en el documento 2006-2012". "Entonces lo rechazaron, y ahora vienen y lo proponen ellos, teniendo además que asumir los trabajadores una disminución en las cuantías que perciben", agregó Villares, que aseveró que la medida "así no nos vale".
Para CC OO, la propuesta pasa por llevar más allá de 2018 los retiros anticipados. "Si vamos a tocar este aspecto del plan, debemos ampliarlo al menos hasta 2020, y a partir de ahí hablar de como se va a estructurar". dijo.
Sobre la reducción del dinero a percibir por los prejubilados, Villares puso sobre la mesa su teoría: "Sospecho que lo que van a quitar es un porcentaje anual, que nosotros estimamos en el cinco por ciento".
