El futuro de la minería española parece tener, si nadie lo remedia, una fecha de caducidad, como los yogures que el ahora Comisario Europeo, Miguel Arias Cañete, reconocía comerse más allá de la recomendación. Y, paradójicamente, fue precisamente el antes Ministro de Agricultura y ahora responsable en la UE de Cambio Climático y Energía el que aseguró que el Gobierno español aún no había movido ficha para favorecer la continuidad del sector más allá del 31 de diciembre de 2018. Ante esta afirmación, los sindicatos mineros han reaccionado, exigiendo al Ejecutivo liderado por Mariano Rajoy que adopte las medidas necesarias para modificar la ya famosa "Decisión 787", de tal forma que las minas que sean competitivas el 1 de enero de 2019 no tengan que devolver las ayudas a la producción concedidas, garantizando así su supervivencia. Además, las dos centrales mayoritarias reclaman al Gobierno que cumpla a nivel nacional el Plan del Carbón, y también que lidere, junto al resto de administraciones y agentes afectados, un frente común para presionar a Europa.
El secretario general del SOMA-FITAG-UGT, José Luis Alperi, urgió al Ministerio de Industria a cumplir el plan del Carbón en los términos en los que se firmó. "El Gobierno debe de empezar por cumplir lo prometido, porque estamos en agosto del año 2015 y las ayudas a la producción de este ejercicio siguen sin pagar", manifestó el líder sindical. Alperi no se quedó ahí, y reclamó a la Administración central que "aporte ya los fondos necesarios para las bajas y jubilaciones". Y por último, pero no por ello menos importante, que de estabilidad al sector: "Seguimos esperando que pongan en marcha el mecanismo para que se garantice el consumo de carbón nacional, que tendría que estar listo desde primeros de año".
Respecto a las políticas que se deben seguir en Europa, Alperi dejó claro que el objetivo es modificar la normativa que obliga a devolver las ayudas a la producción a las empresas que quieran continuar con su actividad más allá de 2018. "Pensamos que la estrategia a seguir es aprovechar que la UE reconoce la importancia del carbón autóctono para reducir la dependencia energética del exterior. Utilizando eso como argumento, pensamos que se puede dar la vuelta a la Decisión", indicó el responsable sindical, que finalizó: "En todo caso, si no logramos arreglar los problemas a nivel estatal, quizás nos plantemos en el año 2018 sin que exista un sector al que defender".
Mientras, el responsable de Industrias Extractivas de CC OO, José Luis Villares, indicó que el hecho de que el Gobierno no haya dado ni un solo paso para garantizar la supervivencia de los pozos "era algo que ya sabíamos, pues cada vez que vamos a Bruselas, en los corrillos se nos dice que no se ha hecho nada".
En este sentido, para Villares, el Gobierno debe de liderar un frente común junto con las administraciones, la patronal y los sindicatos para, todos juntos, presionar en Europa el cambio de la "Decisión 787". "Si cada uno va por su lado y vamos todos a defender lo mismo no tiene mucho sentido, por lo que pensamos que debemos ir como bloque, plantarnos en Bruselas y decir: 'aquí están todos los interlocutores válidos en España, ahora discutamos sobre el cierre'".
El sindicalista mierense destacó que también es prioritaria la puesta en marcha de todas y cada una de las medidas pendientes en el Plan del Carbón firmado en 2013 por patronal y sindicatos. "Sin eso, el futuro del carbón español no existirá logremos o no darle la vuelta a las políticas de la Unión Europea", finalizó el responsable de CC OO.
