La grave situación económica que atraviesa el centro europeo de Soft Computing, con sede en el edificio de investigación del campus de Mieres, ha llevado a su patronato a tomar una difícil decisión que será presentada en la reunión de hoy. Un expediente de regulación de empleo es el mal menor que podría plantearse para el centro, ya que la otra opción era el cierre de las instalaciones echando por tierra el trabajo desempeñado en los últimos diez años. Tanto el Principado como Cajastur (ahora Liberbank), fundadores del centro europeo junto al Ministerio de Industria, en 2005, y con presencia mayoritaria en el órgano de gestión de la entidad, apostaron por la primera opción con la intención de que el centro salga de este bache y pueda remontar. Sin embargo, la comunidad científica e investigadora se ha mostrado contraria a a la regulación de empleo y así se lo ha hecho saber al patronato.
Pero, ¿cómo se llegó a esta situación? El centro fue inaugurado en el año 2005 con una inversión inicial de doce millones de euros. La mitad fueron aportados por Cajastur, que fue el principal impulsor de estas instalaciones dedicadas a la investigación en la lógica difusa. Los otros seis millones de euros llegaron de los fondos mineros, ya que el centro se instalaría en el campus universitario de Mieres. Por su parte, el Principado acordó una aportación de 1,2 millones de euros, a razón de 200.000 euros por año hasta 2011, que era cuando terminaba el convenio. Sin embargo, el Gobierno regional dio cuenta de su interés por el centro y siguió aportando dinero hasta el presente ejercicio. En 2012, se abonaron 160.000 euros, mientras que en los años siguientes la aportación bajó a 150.000. Este abono, según ha podido saber este periódico, era incluso superior al que el Gobierno regional aportaba a otras entidades en I+D que dependían exclusivamente del Principado.
Junto a esta inversión, el centro europeo de Soft Computing también recibió recursos adicionales a través de distintas convocatorias, como el programa "Asturias", a pesar de que incumplía algunos de sus requisitos, como no haber conseguido la acreditación de centro tecnológico por el Ministerio Economía y Competitividad. Por ello tiene paralizados 600.000 euros de las ayudas correspondientes al pasado año y al presente ejercicio.
La inversión inicial de doce millones de euros, después de una década, se esfumó en sueldos y gasto corriente, pero el problema es que no se generaron recursos suficientes para mantener la actividad. Ante esta situación, el patronato sólo pudo barajar dos opciones, la regulación de empleo o el cierre, optando por la primera. El centro, tal y como se expone en sus informes, no ha sido capaz de generar productos o actividad que genere recursos para mantener los actuales sueldos, por lo que sólo podría sobrevivir con una regulación laboral.
Cajastur fue una de las entidades que más expectativas tenía en el centro de Soft Computing y por eso aportó seis millones, sin embargo, no se ha conseguido el resultado esperado. Además, la situación ahora es bien distinta, se muestra más reticente a aportar fondos para mantener las instalaciones tal y como están, aunque sigue apoyando la continuación del centro en Mieres.
La comunidad científica salió ayer a defender el centro europeo de Soft Computing. En una carta firmada por alrededor de setenta investigadores, entre ellos Javier Moreno, presidente de la asociación internacional de Sistemas Difusos, en la que piden al patronato que reflexione antes de hacer recortes en el centro. En la misiva destacan "la modélica gestión del centro" y que "sería terrible desprenderse de investigadores de reconocido prestigio y dedicación, devaluando el proyecto". "Invertimos en un proyecto y a la mínima lo dejamos caer por una inversión que, siendo importante, resulta ridícula frente a lo que se pierde probablemente para siempre", señalan, manifestando su esperanza de que el ERE "no llegue a promoverse". También ha enviado otra carta el vicepresidente del comité científico del centro europeo de Soft Computing, Ramón López, miembro del patronato, que no podrá asistir a la reunión de hoy, López señala que cualquier recorte "afecta enormemente su actividad investigadora", posicionándose en contra de este medida, y pide que, antes de tomar cualquier decisión, "debería consultarse con el comité científico".
