El SOMA-FITAG-UGT presentó esta semana una querella contra su exsecretario general, José Ángel Fernández Villa, para reclamarle casi 360.000 euros que habría cobrado en concepto de gastos sin justificar, adquisición de un coche de uso particular con cargo a las arcas del sindicato y por apropiarse de las dietas del comité intercentros de Hunosa que correspondían a los delegados sindicales. La central le acusa de un delito penal de apropiación indebida. Con los mismos cargos denuncia también al exsecretario del Instituto para la Formación, Investigación, Documentación y Estudios Sociales (Infide), Pedro Castillejo Partido, al que se le reclaman bajo la misma acusación más de 68.600 euros. La querella fue presentada el pasado martes en el Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo. Fernández Villa es objeto también de una investigación para determinar la procedencia de su "fortuna oculta", tras acogerse a la amnistía fiscal para blanquear 1,2 millones de euros. Un escándalo que se hizo público hace justo un año, en octubre de 2014.
Las denuncias son, en parte, consecuencia de la auditoria externa encargada por la dirección del SOMA, que ahora lidera José Luis Alperi, y encargada el 22 de enero de este año a la entidad CB Auditores y Asesores S. L. P., con sede en Zaragoza, para realizar una revisión de la contabilidad del sindicato en el periodo 2008-2014. Este examen contable habría detectado gastos irregulares por parte de José Ángel Fernández Villa por valor de 49.861,74 euros: 36.082,43 corresponderían a cargos realizados con tarjetas de crédito a nombre del sindicato y otros 13.779,31 mediante disposiciones de dinero en efectivo. Villa, que ostentó la presidencia del comité ejecutivo del SOMA-UGT hasta el 2 de julio de 2014, llegó a manejar hasta seis tarjetas de crédito diferentes entre los años 2008 y 2014.
La revisión contable del sindicato desveló, tal como se indica en la querella que se ha presentado, la existencia de numerosos gastos, "bien mediante disposiciones en efectivo, bien mediante la utilización de tarjetas, con cargo al sindicato, pero para atender a consumos particulares del querellado y sin ninguna relación con su actividad institucional". También se descubrieron gastos propios "como la adquisición de un vehículo particular o de su consumo telefónico también particular". Entre estos gastos particulares que se encuentran sin justificar destacan los 10.013 euros de gasoil, 6.419,65 en puros o los 6.700 en restaurantes, en los siete años de la auditoría. También llaman la atención un cargo de 3.000 euros en perfumes, más los reiterados en tiendas de aeropuertos, grandes almacenes, establecimientos de ropa, supermercados, librerías o farmacias. Incluso se incluye una multa, con un importe de 77,3 euros.
