El exsecretario general del SOMA-FITAG-UGT, José Ángel Fernández Villa, se enfrenta a una querella por parte de su antiguo sindicato, que le reclama casi 360.000 euros que habría cobrado en concepto de gastos sin justificar, adquisición de un coche de uso particular con cargo a las arcas del sindicato y por apropiarse de las dietas del comité intercentros de Hunosa que correspondían a los delegados sindicales. Este es el resultado del trabajo que comenzó la actual ejecutiva del SOMA -liderada por José Luis Alperi desde septiembre de 2013-, para demostrar que los 1,2 millones de euros que había regularizado el exsindicalista no había salido de la central. La investigación no se quedó ahí y descubrió que, como se temía, Fernández Villa había menoscabado el patrimonio sindical, y tendría consecuencias. Junto al exsindicalista, también se demandará al exsecretario del Instituto para la Formación, Investigación, Documentación y Estudios Sociales (Infide), Pedro Castillejo Partido, al que se le reclaman más de 68.600 euros
"Tras una primera auditoría interna, la federación estatal recomendó una auditoría externa independiente para que realizase un trabajo estrictamente técnico", apuntó ayer José Luis Alperi, destacando que, tras ver los resultados, "obraríamos en consecuencia". El informe de esta última auditoría se puso en manos de los abogados y derivó en la presentación de una querella contra el exsecretario general del sindicato. Por eso, el actual responsable del SOMA aseguraba sentirse "satisfecho, porque cumplimos con lo que pusimos encima de la mesa". Alperi está convencido de que "la gente que estima a la organización tiene que estar contenta porque hemos actuado con sosiego y tranquilidad, hicimos lo que creíamos que teníamos que hacer y eso generará mucha más confianza en el sindicato". El secretario general del SOMA anunció que iniciarían una investigación dentro del sindicato tras conocerse que Fernández Villa estaba siendo investigado al tratar de regularizar 1,2 millones de euros, cuya procedencia todavía hoy se desconoce. No sólo se inició una investigación, también el expediente para expulsar al exsindicalista, que se resolvió en mes y medio con su salida definitiva de la central. Alperi señalaba entonces que el sindicato no descartaba "personarse como perjudicado en los posibles procedimientos judiciales que puedan producirse". Una promesa que ha llevado a efecto un año después, cuando se ha conseguido terminar esta ardua investigación.
El caso de Ángel Fernández Villa supuso un duro golpe para la central. El secretario general del SOMA destacó entonces que, posiblemente, "es el día más complicado para el sindicato en sus 100 años de historia", remarcando había supuesto "una sorpresa mayúscula, decepción y perplejidad". También puso al sindicato en el punto de mira del resto. Esta crisis, sin embargo, no supuso un grave perjuicio a nivel sindical, ya que ese mismo año se celebraron elecciones en Hunosa y el SOMA mantuvo su mayoría en la empresa al lograr 48 de los 62 delegados.
Con el paso de los meses, también se fueron conociendo algunos de los detalles de la investigación que estaba realizando el sindicato. Fue durante la comisión de investigación que se había iniciado en el seno de la Junta General del Principado. José Luis Alperi confirmó allí que José Ángel Fernández Villa no había ingresado en la caja del sindicato los cheques que recibía mensualmente de Hunosa, a su nombre, para pagar las dietas de los delegados sindicales del comité intercentros. Esto suponía una presunta apropiación indebida de más de 243.000 euros entre los años 1989 y 2001.
