El secretario general de UGT, Cándido Méndez, aseguró ayer que el sindicato promoverá acciones "al máximo nivel" para "clarificar la situación y depurar responsabilidades" en la fortuna oculta del exdirigente del SOMA-FITAG-UGT, José Ángel Fernández Villa. Además, apoyó la denuncia que el SOMA ha presentado contra el exlíder sindical para reclamarle 360.000 euros, que presuntamente cargó al sindicato de forma fraudulenta.

Méndez aseguró que estas actuaciones impulsadas desde la central minera "demuestra que la organización ha actuado con seriedad y rigor". La querella reclama a José Ángel Fernández Villa la devolución de la citada cuantía en concepto de gastos sin justificar (con tarjeta de crédito y efectivo), así como por la apropiación de dietas de asistencia destinadas a los miembros del sindicato que acudían a las reuniones del comité intercentros de Hunosa.

El secretario general de UGT aseguró que, con independencia de las actuaciones de la justicia en la investigación de la fortuna oculta de Villa, que regularizó 1,2 millones de euros en la amnistía fiscal de 2012, el sindicato va a "actuar hasta el máximo nivel".

"El hecho de acogerse a la amnistía fiscal supone un canal opaco para obtener esos recursos y en el momento en que ha habido un conocimiento fehaciente se ha actuado con contundencia", afirmó.

LA NUEVA ESPAÑA anunciaba el domingo la presentación, por parte de la dirección del SOMA-FITAG-UGT, de una querella contra José Ángel Fernández Villa, al que se le reclamaba la devolución de un total de 360.000 euros de gastos sin justificar cargados al sindicato. En la demanda, publicada por este diario, se especificaba que el ex líder sindical habría gastado casi 7.000 euros en puros, 3.000 en perfumes, 6.700 en restaurantes y 10.000 en gasoil en siete años. Según se apuntaba en la querella, estos pagos se hacían "bien mediante disposiciones en efectivo, bien mediante la utilización de tarjetas, con cargo al sindicato, pero para atender a consumos particulares del querellado y sin ninguna relación con su actividad institucional".

Uno de los gastos más destacados detectados en la auditoría encargada por la dirección del SOMA, cuyo máximo responsable es José Luis Alperi, fue el de la compra de un vehículo particular. Villa adquirió en febrero de 2007 un Mitsubishi Montero por un coste 42.460 euros, que "le fue retornado mediante sucesivas transferencias mensuales realizadas por el SOMA-UGT en su favor y siguiendo sus indicaciones desde febrero de 2007 hasta el año 2012, abonándosele en total con exceso el coste del referido vehículo de su propiedad 51.333,70 euros". Además de a Villa, el SOMA reclama más de 68.000 euros al exsecretario del Infide, Pedro Castillejo Partido, por los mismos motivos.