Apenas diez días ha tardado el Juzgado en aceptar la querella presentada por el SOMA contra su exlíder, José Ángel Fernández Villa, por un presunto delito de apropiación indebida de 360.000 euros. El juez acepta de esta forma investigar si hay base legal en la denuncia para elevar el caso a la apertura de un juicio, una decisión en la que también deberá participar el Ministerio Fiscal. La querella se hace extensible, con la misma acusación, al exsecretario del Instituto para la Formación, Investigación, Documentación y Estudios Sociales (Infide), Pedro Castillejo Partido, al que se le reclaman más de 68.600 euros.
El Juzgado de lo penal número dos de Oviedo, que recibió la denuncia el pasado 29 de septiembre, pedirá en el plazo de un mes la comparecencia de los peritos que realizaron la auditoría externa del sindicato, según pudo saber LA NUEVA ESPAÑA. De este análisis contable, el SOMA determinó que Fernández se había apropiado de forma indebida de 360.000 euros en concepto de gastos sin justificar, por la adquisición de un coche de uso particular que acabó abonando el sindicato y por quedarse durante años con las dietas del comité intercentros de Hunosa que correspondían a los delegados sindicales. Por todos estos motivos, la central le acusa de un delito penal de apropiación indebida. La auditoría, realizada por la entidad CB Auditores y Asesores S. L. P., con sede en Zaragoza, para realizar una revisión de la contabilidad del sindicato en el periodo 2008-2014, fue encargada por la dirección del SOMA que ahora lidera José Luis Alperi, tras conocerse que Villa se había acogido a la amnistía fiscal para blanquear 1,2 millones de euros. Este examen contable habría detectado gastos irregulares por parte de José Ángel Fernández Villa por valor de 49.861 euros: 36.082, corresponderían a cargos realizados con tarjetas de crédito a nombre del sindicato y otros 13.779 mediante disposiciones de dinero en efectivo. También que había comprado un coche para uso particular con un coste final a cargo del sindicato de más de 51.000 euros y del seguro por valor de casi 14.000.
El juez también tiene previsto reclamar a Hunosa la documentación de las dietas correspondientes a los delegados del SOMA en el comité intercentros de la hullera y con las que se habría quedado José Ángel Fernández Villa, al menos, durante el periodo 1989-2001, por un importe superior a los 243.000 euros. Esta situación fue corroborada por la presidenta de Hunosa. María Teresa Mallada, en su comparecencia en la Junta General del Principado, en la investigación del "caso Villa".
