El Ayuntamiento de Mieres ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) las sentencias que avalan la reclamación de un gran número de trabajadores municipales, más de 120, todos ellos laborales, para la devolución de conceptos salariales suspendidos hace tres años. El gobierno local aún no se ha puesto en el probable escenario de tener que abonar las cantidades que la justicia considera que se deben reembolsarse a la plantilla, aunque, en este primer envite, la cifra, según varias fuentes, oscilaría entre los 200.000 y los 300.000 euros. Esta estimación se dispararía en el caso de que, como todo, indica, los trabajadores, respaldados en la sombra por los sindicatos, sigan reclamando atrasos. En ese supuesto, el montante de los pagos pendientes superaría ampliamente los 500.000 euros.
El Ayuntamiento e Mieres apoyó en 2012 su plan de ajuste, por una deuda de 31 millones, con un recorte salarial que si situó en 1,4 millones de euros. Gracias a ello el gobierno local ha logrado sanear las cuentas, evitando tener que afrontar regulaciones de empleo. Toda esta planificación está ahora en peligro, ya que los tribunales han desautorizado las medidas adoptadas. El primer golpe llegó a los pocos meses de aprobarse el plan de ajuste, a finales de 2012. Una sentencia, que no fue recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia, demandó al Ayuntamiento que "repusiera" a los trabajadores los derechos afectados por el recorte salarial. El texto de la providencia apunta que el Ayuntamiento "impuso unilateralmente la medida", sin que por la parte social hubiese mayor participación que su oposición escrita al plan mediante una propuesta alternativa presentada con posterioridad". Los sindicatos parecían en un inicio decididos a desmontar el puzzle con el que el Gobierno de Mieres dio forma a los ajustes salariales. CC OO y UGT, tras lograr que los juzgados se pronunciasen en contra de la bajada de sueldos al personal laboral del Consistorio, intentaron negociar un nuevo sistema de retribuciones. El Gobierno local no dio un paso atrás y las centrales optaron por no mover ficha. Lo dejaron correr.
Finalmente han sido los trabajadores, a título personal, los que han ido al juzgado a reclamar lo que la justicia indica que les pertenece. En las últimas semanas se han firmado un aluvión de sentencias que avalan la reclamación de los trabajadores para la devolución de conceptos salariales suspendidos hace tres años. La estimación de los sindicatos es que son algo más de 120 las reclamaciones avaladas judicialmente. El pago por trabajadores rondará los 2.000 euros por demanda, salvo que el TSJA diga lo contrario.
Los funcionarios municipales, al estar sometidos a la normativa estatal, se han quedado sin la cobertura legal que tiene los laborales. Así, únicamente este segundo grupo ha podido acudir a los tribunales. Son algo más de 250 los trabajadores con contratado laboral. La mitad, aproximadamente, han denunciado. Es decir, la plantilla se ha divido en tres bloques. Por un lado, los funcionarios, que no pueden reclamar. Por otro, los labores que han optado por sumir los recortes y, finalmente, los que han acudido a la vía judicial.
El PP alertó ayer de que se está generando en el Consistorio un peligroso agravio comparativo entre compañeros de trabajo. "Dos empleados, uno funcionario y otro personal laboral, están sentados en mesas contiguas y desarrollando las misma funciones. Se dará la situación surrealista de que uno percibirá anualmente más de 3.000 euros que el otro como consecuencia de una política errática".
