El SOMA-UGT ha defendido hoy su actuación en torno a la investigación judicial abierta tras conocerse que su anterior secretario general, José Ángel Fernández Villa, había regularizado 1,4 millones de euros acogiéndose a la amnistía fiscal.
En un comunicado, la organización que dirige José Luis Alperi asegura tener "el máximo interés" en el esclarecimiento de los hechos y seguir reclamando "como principales interesados" que se aclare de dónde procedían esos fondos y los más de 300.000 euros regularizados por el anterior presidente del Montepío, Jose Antonio Postigo.
Además, reitera que, tras recabar los informes de la auditoría externa realizada en el sindicato, podemos afirmar, que los 1,4 millones de euros regularizados por Villa no salieron del sindicato.
El sindicato recuerda que presentó una querella contra su ex secretario general reclamando la devolución de 360.000 euros en concepto de gastos sin justificar así como por la apropiación de dietas de asistencia destinadas a los miembros del sindicato que acudían a las reuniones del comité intercentros de Hunosa.
La querella iba dirigida además contra el anterior secretario de INFIDE, Pedro Castillejo, al que el sindicato reclama más de 68.000 euros por los mismos motivos.
El sindicato, que asegura que no permitirá que se le ataque "de forma generalizada" desacreditando "las conquistas alcanzadas" a través de una tarea que ha sido "un pilar fundamental e imprescindible en la historia de las cuencas mineras y de Asturias", incide además en que el anterior secretario de administración, Aquilino Ronderos, "nunca" tuvo competencias en lo concerniente a la administración y contabilidad de SOMA-UGT ni de INFIDE.
De esta forma, subraya, "en ningún momento pudo autorizar pagos, tarjetas de crédito o compra de vehículo alguno".
