Los 1,4 millones de euros que regularizó José Ángel Fernández Villa en el año 2012 no salieron de las arcas del sindicato. Al menos así lo aseguraron ayer desde la central minera. Los portavoces del sindicato aseguraron que "tras recabar los informes de la auditoría externa realizada, podemos afirmar, que los 1,4 millones de euros regularizados por el anterior Presidente tanto del SOMA como de Infide (Instituto para la Formación, Investigación, Documentación y Estudios Sociales) no han salido de ninguno de estos dos organismos".

El secretario general de la central minera, José Luis Alperi, quiso defender las actuaciones que desde la Ejecutiva se han llevado a cabo desde que se conociera la regularización de dinero en la amnistía fiscal, tanto por parte de Villa como del expresidente del Montepío, José Antonio Postigo. "Seguimos dando una respuesta clara y contundente, a la altura de los principios y valores que representamos", aseguró Alperi, que agregó que "es necesario, más en estos tiempos, preservar y luchar por la imagen y honorabilidad del sindicato y de los compañeros que a lo largo de nuestra trayectoria, con esfuerzo y honestidad han desempeñado y desempeñan desinteresadamente, responsabilidades orgánicas y de representación social".

El actual líder del sindicato minero subrayó que "desde que el pasado 7 de octubre de 2014, día en que se conoció que el anterior secretario general del SOMA había regularizado 1,4 millones de euros acogiéndose a la amnistía fiscal del Gobierno del PP, esta organización inició un proceso en el que, no permitiríamos que nadie pusiera en duda que nosotros, el SOMA, tenemos el máximo interés en el esclarecimiento de los hechos ocurridos". De hecho, Alperi insistió en que su máxima preocupación es la de aclarar de donde procede el dinero regularizado, y dejó claro que no proviene del sindicato, tal y como se refleja en las auditorías externas encargadas.

Un dinero, dijo, que nada tiene que ver con los 360.000 euros que la central sindical le reclama a Fernández Villa, ni con los 68.600 que exige al anterior secretario de Infide, Pedro Castillejo por vía judicial. El responsable del SOMA indicó que esos fondos "eran dinero contabilizado en el sindicato, pero que se usó para fines que no eran los que debería, menoscabando las arcas propias, y por lo tanto, que se debe de reclamar".

La central también negó que el militante Aquilino Ronderos, fuera una de las personas que tuvo responsabilidades en la administración económica del sindicato en la época de José Ángel Fernández Villa. "Queremos dejar claro que el compañero Aquilino Ronderos, anterior secretario de administración de SOMA-FITAG-UGT, nunca tuvo competencias en lo concerniente a la administración y contabilidad ni del SOMA, ni de Infide", indicó Alperi, que agregó que "en ningún momento pudo autorizar pagos, tarjetas de crédito, o compra de vehículo alguno".

Un molesto Alperi señalaba además que "no permitiremos que se ataque de forma generalizada a la organización, desacreditando las conquistas alcanzadas y los avances sectoriales, socioeconómicos, políticos y cívicos en los que el sindicato ha sido un pilar fundamental en la historia de las Cuencas y de Asturias".