El Ayuntamiento de Langreo se une al de Mieres en su renuncia a la puesta en marcha del nuevo plan de empleo "si no cambian las condiciones actuales" y hace un llamamiento al resto de ayuntamientos asturianos para que "se rebelen". Es necesaria, aseguró el alcalde, Jesús Sánchez, "una respuesta colectiva" de las administraciones locales para que el Principado "no tenga más remedio que introducir cambios" dado que los convenios de estos programas "hacen incurrir en fraude de ley". Si esos consistorios tienen "otros condicionantes políticos" para no sumarse, aseveró, "deberían explicarlos a los vecinos".

El regidor reclamó también a la Federación Asturiana de Concejos (FACC) que "asuma la responsabilidad que tiene" ya que existe, añadió, un "grito unánime de los consistorios" sabedores de que "las condiciones fijadas en los planes de empleo nos llevan al desastre". Sánchez demandó una "rectificación" para que los ayuntamientos puedan "poner en marcha de forma mínimamente lógica y coherente este instrumento y que aminore los efectos del paro".

El alcalde langreano cree que, dado el formato actual, el "Principado quiere que convirtamos a los ayuntamientos en empresas temporales de empleo y en patronos con sueldos y condiciones cercanas a la esclavitud". El gobierno de Mieres anunció un día antes que no pondrá en marcha el plan de empleo si el convenio para su desarrollo "no ofrece garantías legales" y que lleva al gobierno a incurrir en "fraude de ley". Lo mismo ocurre en Langreo, que no está conforme con los términos del plan de empleo "para los trabajadores y por los efectos que pueden provocar las administraciones públicas". Por eso, si no cambian "no vamos a aceptar la subvención y a desarrollar el programa", señaló Jesús Sánchez (IU) que compareció acompañado por la concejala de Empleo, Vanesa Llaneza (Somos).

"No vemos la salida que nos permita desarrollar el plan de empleo sin incurrir en fraude de ley", subrayó la edil. El Alcalde hizo hincapié en que "las condiciones pactadas por el Gobierno con las fuerzas sindicales parecen más 'minijobs' que empleo". Añadió que para el gobierno local la lucha contra el paro es una prioridad pero que "no vale todo". Y los desempleados que se integren en este programa "necesitan un trabajo pero también sueldos mínimamente dignos para llegar a final de mes". El equipo de gobierno exigió días atrás a los firmantes del acuerdo para ejecutar estos programas, que reformulen los convenios para impedir que la administración local quede en "una situación de claro atropello de los derechos laborales, agravada por el coste derivado de tal situación".

Junto a la crítica a las condiciones laborales de los beneficiarios el regidor también destacó que los planes de empleo "se convierten en puerta trasera para entrar en la administración". Las denuncias presentadas por los trabajadores una vez concluido el contrato para entrar en la plantilla municipal impiden "los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad recogidos en la ley", manifestó Jesús Sánchez, que añadió que esta situación se mantiene año tras año y "tiene cada vez unos efectos más gravosos para los ayuntamientos".

Las últimas sentencias favorables a los trabajadores de los planes de empleo que reclaman su reincorporación al estimar que se les ha despedido de forma improcedente, incluyen, junto a la indemnización, el complemento del salario hasta alcanzar lo cobrado por los trabajadores municipales de la misma categoría. Todo ello abonado por los ayuntamientos. El Principado, dijo Jesús Sánchez, "nos facilita un instrumento que se pactó en un escenario en el que no estábamos presentes aunque sufrimos los efectos perniciosos".

El Ayuntamiento de Langreo, afirmó Llaneza, "sólo pondrá en marcha este programa dentro del respeto de los derechos laborales y con unas condiciones dignas de salario". El problema con los planes de empleo surgió en 2006 con la desaparición del contrato de inserción, sustituido por el temporal de obra y servicio. Esta circunstancia hizo posible que decenas de trabajadores incluidos en esas iniciativas denunciasen al concluir el contrato alegando que habían realizado tareas de personal de estructura de los ayuntamientos. Langreo disponía de subvención regional para contratar a 35 empleados, de los 18 serían mayores de 45 años.

La Federación Asturiana de Concejos recomendó a los ayuntamientos que incluyesen varias cláusulas en los convenios tras las denuncias registradas. Sin embargo, tanto Langreo como Mieres consideran que esa propuesta no evita que se incurra en fraude de ley en las contrataciones.