El Gobierno del Principado reclamó al centro europeo de Soft Computing la revocación de las ayudas que le había concedido con cargo al programa "Asturias" y correspondientes a las anualidades 2013, 2014 y 2015. Ambas ayudas suman alrededor de 850.000 euros que la entidad ubicada en el campus de Mieres no podía percibir al no haber sido declarada centro tecnológico por el Ministerio de Economía y Competitividad. Del total, el centro ya había recibido 250.000 euros que tendrá que devolver, mientras que se le negó el derecho a percibir los 600.000 euros restantes.

La resolución, según ha podido saber este periódico, lleva la firma del director general de Innovación, Francisco Delgado, que además es vicepresidente del Patronato para el Progreso del Soft Computing, con fecha del pasado lunes, un día antes de la reunión del Patronato en la que se decidió la liquidación de las instalaciones ubicadas en Mieres. Este asunto centró gran parte del encuentro y, como apuntaron fuentes cercanas al Patronato, fue el detonante de la drástica decisión. Y es que, según destacaron, los 850.000 euros hubieran bastado para mantener la actividad en el centro aplicando únicamente el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que se había planteado en la reunión del patronato celebrada en octubre. Sin la ayuda del Principado, el centro no tenía fondos para seguir ni siquiera recortando su plantilla en casi un 50 por ciento, lo que hizo inevitable plantear la liquidación.

Aunque la resolución de la revocación de las ayudas es de hace sólo unos días, el Principado ya conocía desde diciembre de 2014 que el centro de Soft Computing no había conseguido la acreditación de centro tecnológico, tal y como consta en el documento referido a la subvención de 250.000 euros. En el caso de la ayuda de 600.000 euros, concedida en diciembre de 2014 para ese años y para 2015, la entidad de Mieres comunicó en los meses de junio y agosto de este año que, a pesar de haber recurrido, no había logrado entrar en el registro de centros tecnológicos. Un rechazo que, como explicó el pasado miércoles el consejero de Economía y Empleo, Francisco Blanco, se debía a que el centro asentado en Mieres no tenía una mayoría dentro del Patronato, divido entre el Principado y Cajastur.