La Audiencia Nacional será finalmente quien juzgue los presuntos fraudes en el cobro de las subvenciones al carbón en la provincia de León. El Juzgado de Instrucción número 5 de Ponferrada ha decidido inhibirse en la macrocausa que imputa a doce empresarios y seis sociedades mineras por irregularidades en el cobro de las ayudas a la producción de carbón, que la Administración central les pagó entre los años 2007 y 2012, ambos incluidos.
El Juzgado de Instrucción número 5 de Ponferrada se ha visto desbordado por la magnitud del caso. La cuantía y el proceso es tan abultado que el juez que instruyó la causa considera más que conveniente que sea la Audiencia Nacional, a través de uno de sus juzgados centrales, el que analice la documentación y valore las presuntas irregularidades. Tras esta decisión, debe ser ahora la Audiencia Nacional quien se defina al respeto y decida si asume la tarea de juzgar el caso.
La investigación judicial arrancó en el verano de 2013. Las seis sociedades implicadas son Unión Minera del Norte (Uminsa) y Coto Minero Cantábrico, ambas de Victorino Alonso en el periodo investigado; Alto Bierzo e Hijos de Baldomero García, que son propiedad de Manuel Lamelas Viloria, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de León; la Hullera Vasco Leonesa, cuyo responsable financiero, Óscar Lapastora, es presidente de la patronal minera Carbunión, y Carbones Arlanza. Las sociedades imputadas son todas las empresas mineras que operan en la provincia de León. Dos de estas compañías, las del Grupo Alonso, también tienen presencia en Asturias.
A lo largo de los últimos meses los empresarios imputados y sus apoderados han ido desfilando por el juzgado de Ponferrada para prestar declaración. El auto judicial de imputación asegura que en este proceso "aparecen indicios racionales de criminalidad contra las sociedades y sus administradores". El motivo argumentado por el juez de Ponferrada para seguir adelante con la denuncia a las empresas es la obtención de las subvenciones como incentivos a la producción que anualmente reciben las firmas mineras y que vienen recogidas en los sucesivos planes del carbón, "falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando aquellas que hubiesen impedido recibir tales ayudas".
El juez de Ponferrada detectó que, en principio, la producción real de esas compañías mineras no se corresponde con la declarada para la obtención de las subvenciones que concedía el Ministerio de Industria. "Hay cantidades de dinero muy llamativas", señaló en su momento en declaraciones a este diario el titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de Ponferrada, Ignacio Candal, que abrió la investigación a instancias de la fiscalía y a raíz de una denuncia presentada por un particular.
