Hunosa baraja pedir "de inmediato" la ejecución de la sentencia por el caso del "carbón desaparecido" por la que se condena a dos compañías de Victorino Alonso -Unión Minera del Norte (Uminsa) y Coto Minero Cantábrico (CMC)- a pagarle 46 millones de euros. Fue el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Oviedo el que dictó sentencia en la denuncia cruzada que se habían interpuesto las compañías de Alonso y Hunosa. El tribunal estimó la demanda de la hullera contra el empresario leonés, obligándole a abonar el precio del carbón que era propiedad de Hunosa y que, en un principio, había desaparecido, volviendo luego a aparecer, pero siendo de menor calidad. En total, fueron 577.924 toneladas de mineral que estaban en el Almacenamiento Estratégico Temporal de Carbón (AETC). La intención de la hullera, al igual que cuando interpuso la demanda, es recuperar "cuanto antes" el dinero público. Para ello, la empresa "pondrá todo su empeño".
El fallo judicial, según Hunosa, "hace justicia ante la situación denunciada y que contribuye a vigilar y controlar el destino del dinero de los ciudadanos y el patrimonio público". Los hechos denunciados "amenazaban incluso con poner en situación de riesgo a la compañía". La sentencia recoge la mayor parte de los argumentos de la hullera, aunque también estima parcialmente la tesis del empresario leonés, que denunciaba una ruptura unilateral del contrato que unía a sus firmas con un Hunosa. Este hecho podría tener consecuencias legales a largo plazo si se determina que hubo daños y perjuicios al grupo empresarial leonés.
El tribunal considera que el mineral desaparecido "bien fue utilizado o vendido por las mineras, bien fue detraído de sus depósitos sin ser conscientes de ello, no cumpliendo así sus deberes de guardia y custodia" aunque "esta última opción", recalca la sentencia, "parece poco viable", añadiendo que, en definitiva, CMC y Uminsa "incumplieron con las obligaciones de guardia y custodia del depósito, así como con la prohibición del uso del carbón" depositado en la AETC por Hunosa. A la vista del contenido de la sentencia, la hullera estatal estudia la posibilidad de reabrir la vía penal contra Victorino Alonso que, en estos momentos, se encuentra cerrada de forma provisional.
Hunosa no comparte la estimación parcial de la tesis del empresario leonés subrayando que "ninguno de los requerimientos efectuados conllevaron retención alguna de partidas a las empresas del grupo Alonso no existiendo por tanto daño económico". Las peticiones que formuló la hullera estatal "no fueron atendidas nunca ni por las eléctricas ni por el Ministerio de Industria". De hecho, el grupo Alonso mantiene un pleito con el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras por la denegación de ayudas en el que, según rezan las sentencias dictadas por la sección cuarta de la sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, Uminsa y CMC habían basado su declaración ante la Administración central de que las ayudas fueron retenidas por impagos a Hacienda y a la Seguridad Social: "Nada que ver con los requerimientos de Hunosa", dice la hullera.
El caso del "carbón desaparecido" surgió a raíz de la gestión del AETC, que fue una medida que el Gobierno de Zapatero puso en marcha en 2009, y que obligaba a Hunosa a comprar el carbón que las empresas privadas no podían vender a las centrales térmicas. Esto hizo, a su vez, que Hunosa firmase unos contratos con el grupo Alonso, referentes al almacenamiento del carbón adquirido, que se iba a realizar en las instalaciones propiedad del empresario leonés. A finales de 2012, tras unos peritajes, Hunosa denunció que había desaparecido parte del carbón almacenado, que ya era de su propiedad. En febrero de 2013, un informe determinó que faltaban casi 578.000 toneladas de carbón. Un mes después, con un peritaje realizado a petición del grupo Alonso, se constató que el mineral volvía a estar allí. Pero de peor calidad, según la sentencia del Juzgado de Oviedo.
