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Los extrabajadores del centro de Soft Computing no cobraron su indemnización

La plantilla del edificio del campus consintió un aplazamiento del juicio contra el patronato con la esperanza de recibir el dinero que no se abonó

Los extrabajadores del centro europeo de Soft Computing, que se ubicaba en el edificio de investigación del campus de Mieres, siguen sin cobrar la indemnización que pactaron con el patronato que gestionaba el centro. Eso a pesar de que, de buena fe, consintieron un aplazamiento del juicio fijado para la semana pasada bajo la esperanza de que los pagos se harían efectivos en un corto plazo de tiempo. No sólo no fue así, sino que los trabajadores temen ahora que los patronos se nieguen a pagar y tengan que cobrar del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), lo que dilataría en gran medida los pagos.

El acuerdo alcanzado entre el patronato y los trabajadores, según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, era del abono de una indemnización de treinta días por año trabajado, una cuantía que la plantilla consideraba más que justa y facilitó su salida de la empresa de forma escalonada. Sin embargo, los pagos no se produjeron de la misma manera. Los trabajadores recibieron la liquidación, pero no la compensación por el cierre del centro. Aún así, fueron cautos y esperaron a la clausura de las instalaciones, que tuvo lugar el pasado 29 de enero. Tampoco se hicieron los correspondientes pagos y la plantilla decidió entonces querellarse contra el patronato, constituido tanto por el Principado de Asturias como por la Fundación Bancaria Cajastur. Una vez hecha la denuncia, los trabajadores fueron informados de que se intentaría abonar las indemnizaciones a mediados de febrero. Por ello paralizaron de forma momentánea el proceso judicial a la espera de que se cumpliese el compromiso. Finalmente, el dinero no llegó. Ante esta situación la plantilla se siente obligada a continuar con el procedimiento por la vía judicial. En este caso, el juez podría llegar a decretar el cierre improcedente del centro que abriría varias posibilidades. Por un lado, podría obligarse a los patronos a seguir pagando los salarios de los trabajadores como si no lo hubieran clausurado. También se podría exigir una mayor indemnización que la pactada, de incluso 45 días por año trabajado. En ambas situaciones, supondría un mayor desembolso para el patronato.

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