Los trabajadores del ya clausurado centro europeo de Soft Computing, que se asentaba en el edificio de investigación del campus de Mieres, exigieron ayer al Principado que pague las indemnizaciones que acordaron previamente al cierre de las instalaciones. La plantilla, que escuchó las declaraciones que el consejero de Industria, Francisco Blanco, realizó en la Junta General del Principado el pasado jueves, insisten en que el Gobierno regional tiene la misma responsabilidad que la Fundación Bancaria Cajastur y esperan que los tribunales les acaben dando la razón.

El investigador Sergio Damas, que era uno de los representantes de la plantilla, destacó que "la responsabilidad es clara de ambas instituciones, por lo que no entendemos que el consejero diga que políticamente sí apoya que cobremos las indemnizaciones, pero que legalmente no puede hacerlo, tiene que asumir su responsabilidad". Damas también señaló que, tanto el Principado como Cajastur, "estuvieron en el centro desde el primer minuto, fueron sus creadores y tomaron todas las decisiones hasta que cerró".

El consejero de Industria explicó en la Junta General del Principado que los informes internos que manejaban apuntan a que la aportación de fondos a una fundación privada, como es el caso del Soft Computing, para un fin que es el pago de unas indemnizaciones a unos trabajadores "parece ser que no justifica el interés público". En consecuencia, el pago no se puede realizar. Aquí Sergio Damas señala que "ellos fueron los que determinaron que el centro sería una entidad privada, pero no pueden negar que era de interés público, sobre todo por los objetivos que manejábamos no sólo de investigación, sino también de divulgación y formación", cuestionando los informes que aseguraba tener el consejero. De todos modos, el investigador señaló que, finalmente, "tendrán que ser los tribunales los que decidan el interés público del centro y su responsabilidad, algo para nosotros incuestionable".

El juicio de la plantilla contra los patronos de la Fundación para el Progreso del Soft Computing será el próximo viernes en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Es la segunda vez que los trabajadores acuden a los tribunales, si bien la primera de ellas se echaron atrás tras conseguir el compromiso de que se les abonarían las indemnizaciones pactadas, que serían de treinta días por año trabajado. Un compromiso que al final no se alcanzó, lo que obligó a presentar una nueva querella colectiva para exigir el dinero pactado.