El Ayuntamiento de Sobrescobio acordó ayer -con los votos a favor del PSOE y e IU- dar un último plazo de un mes a los promotores de la planta embotelladora de agua de Comillera para que afronten su deuda con el Consistorio, que asciende a 45.300 euros derivados del impago de tres anualidades del canon que figuraba en el pliego de condiciones de la adjudicación. Si pasado este plazo no se satisface la deuda, el Ayuntamiento rescindirá el contrato de la embotelladora y ejecutará los avales bancarios por valor de 70.000 euros aportados por la empresa.

La explotación del manantial de agua mineral de Comillera y de una planta embotelladora (cuya construcción no ha llegado a iniciarse) fue asignada a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Capital Water S. L. y Professional Water S. L. Esta última firma está ligada a una planta embotelladora de agua en Fontedoso (Ávila), que está en proceso de liquidación.

"Nosotros siempre dijimos que apostábamos por este proyecto, pero también que no nos temblaría la mano a la hora de rescindir el contrato y ejecutar los avales si había algún tipo de incumplimiento", explicó el alcalde de Sobrescobio, Marcelino Martínez, para añadir a continuación: "El plazo de un mes es una última prueba de buena voluntad por parte del Ayuntamiento. La rescisión viene derivada del impago del canon de 2014 y 2015, y del de 2016, cuyo plazo de abono vence este mes. No tiene nada que ver con la deuda de la licencia de obra".

Martínez precisó que, "mientras siga este gobierno local al frente del Ayuntamiento seguiremos apostando por la embotelladora, aunque tenga que ser con otros promotores". El regidor reconoció que también hay dificultades con el otro proyecto planificado para el polígono de Comillera, participado por una parte de los promotores de la embotelladora, según indicó Martínez: "Vamos a seguir presionando para que se haga. Ya les hemos puesto tres multas por incumplir el plazo para la presentación del proyecto de obra". A la sexta sanción, se podría rescindir el contrato y ejecutar los 10.000 euros de fianza.

Ovidio Zapico, edil de IU, votó a favor de la rescisión del contrato. "Este proyecto ha sido impulsado en solitario por el gobierno local, entendemos que con un afán electoralista. Lo que pedidos es que a partir de ahora, si finalmente se revoca el contrato y buscan nuevos promotores, no excluyan a los demás partidos".