Los sindicatos CC OO y SOMA-FITAG-UGT deberán abonar 31.583 euros a una vecina de Oviedo de 79 años por las lesiones sufridas en los oídos como consecuencia del estallido de un petardo lanzado durante una protesta minera. Según recoge la sentencia del juzgado de primera instancia número 10 de Oviedo, los hechos tuvieron lugar el 20 de diciembre de 2012, en una concentración realizada frente a la sede central de Hunosa, ubicada en la avenida de Galicia, en Oviedo, para protestar por los incumplimientos del plan de empresa de la compañía y la problemática para negociar un nuevo convenio. Contra la resolución puede presentarse recurso en un plazo de veinte días.
La vecina afectada, M. L. R. P., caminaba por la avenida de Galicia sobre las seis de la tarde del día 20, en el lugar donde se desarrollaba la manifestación, cuando sufrió un "fuerte impacto sonoro" provocado por el estallido de un petardo que le provocó una pérdida de audición. La mujer presentó una demanda contra el SOMA-FITAG-UGT y contra CC OO como responsables de los daños causados y contra Hunosa y su compañía aseguradora como responsables subsidiarios. Por los perjuicios sufridos pedía una indemnización de 40.994 euros.
Los sindicatos alegaron que no había convocado la protesta y que se trataba de una concentración de prejubilados de la minería. También esgrimieron que no se facilitaron petardos a los asistentes ni se alentó su uso. El fallo judicial esgrime que las pruebas dejan claro que la "concentración no era o, al menos, no solamente era de prejubilados sino también de trabajadores en activo". También expone que la movilización fue convocada por los sindicatos, y que su responsabilidad en los hechos "es clara" ya que "no comunicaron la celebración de la protesta a las autoridades" y "permitieron que los asistentes a la manifestación emplearan petardos sin la debida precaución para evitar daños".
La juez exculpa a Hunosa y a su aseguradora, al precisar que "no se establece en qué consiste su responsabilidad en los hechos enjuiciados". "La única vinculación con los hechos es que se produjeron delante de sus instalaciones, lo que evidentemente no constituye motivo de imputación de responsabilidad".
Finalmente, el fallo estima parcialmente la demanda y condena a los sindicatos a pagar 31.583 euros a la mujer.
