"Lofti Zadeh (profesor en la Universidad de Berkeley e introductor de la teoría de lógica difusa) me dijo que teníamos que crear un centro de Soft Computing que pusiera la lógica difusa al servicio de la sociedad y que fuera un referente mundial. Y encontramos el sitio perfecto?".
Así empezó la declaración ante el juez del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) del investigador Enric Trillas, uno de los testigos en el juicio por el despido colectivo de los trabajadores del Centro Europeo de Soft Computing, ubicado en el campus de Mieres y clausurado el pasado mes de enero. Un relato que pasó casi inadvertido para muchos, porque lo que allí se trataba ayer era un conflicto laboral. Objetivamente, sí: el despido de veintinueve empleados a los que se les prometió una liquidación de treinta días por año trabajado y que aún no han cobrado nada. Pero había un trasfondo más dramático. Este juicio es el final de un ambicioso proyecto para Mieres, con más de doce millones de inversión inicial, que prometió poner a las Cuencas en el mapa. Por el tribunal pasaron investigadores, en calidad de testigos y demandantes contra la Fundación Caja de Asturias y el Principado (miembros de la Fundación para el Progreso del Soft Computing, que gestionaba el centro europeo). En la base de la demanda, que busca la nulidad de los despidos, dos argumentos: que no hubo una justificación económica para la decisión del cierre y que el patronato no hizo todo lo posible para evitar el fin de la actividad.
Los trabajadores estuvieron representados por la letrada Marta Rodil. De la otra parte, tres abogados en representación de la Fundación para el Progreso del Soft Computing, Cajastur (ahora Liberbank) y el Principado de Asturias. Estos dos últimos intervinieron poco durante la sesión y su argumentación se basó en que no formaban parte de la toma de decisiones sobre el personal. El detonante para llegar a juicio fue el compromiso de abonar treinta días por año trabajado a los empleados. Un acuerdo alcanzado en la última reunión mantenida entre patronato y trabajadores. Según los representantes legales de la Fundación, fue el Principado quien comprometió esa retribución que supera los 600.000 euros.
El Consejero de Empleo, Industria y Turismo, Francisco Blanco, reconoció el compromiso en varias intervenciones públicas, que los demandantes aportaron como pruebas. El motivo por el que no se llegaron a abonar las indemnizaciones, según la Fundación, es que el Principado no puede hacerse cargo del pago de liquidaciones de trabajadores de una fundación privada.
Las indemnizaciones son sólo la punta del iceberg. La demanda de los trabajadores es ambiciosa y, ayer, intentaron demostrar que no hubo un cambio en la situación económica que justificara un cierre "no ordenado". Declaró en calidad de testigo Sergio Damas, uno de los investigadores principales del centro de Mieres. "La difícil situación que atravesaba el centro era conocida desde hace años", aseguró. En 2014, mantuvo un encuentro con responsables del patronato. En concreto, con Jesús Alcalde (consejero de Liberbank y representante de la entidad en la Fundación) y Gonzalo Pescador (entonces director general de Economía e Innovación del Principado). "Les pregunté qué podíamos hacer para mejorar la situación y me respondieron que podía ayudar a buscar patronos", afirmó Damas ante el juez.
Pero no valía cualquiera. "Me dijeron que ni se me ocurriera buscar en Banco Herrero ni en La Caixa, que eran competidores de Cajastur", declaró el investigador. Damas, que fue el representante de los trabajadores durante la negociación del ERE y el cierre del centro, no comprende las decisiones tomadas desde el patronato: "Ni buscaron nuevos patronos, ni dieron más dinero, ni programaron un cierre ordenado", afirmó ya fuera de la sala.
No fue el único en responder las preguntas de los letrados ante el juez. También pasaron por la sala Luis Magdalena, que fue director general del centro, y el gerente del patronato, Raúl del Coso. Este último aseguró que Liberbank sí tenía palabra en la toma de decisiones de la Fundación para el Progreso del Soft Computing. Una afirmación que respaldó el investigador Enric Trillas, uno de los fundadores del centro, que declaró que los representantes de Cajastur siempre tenían que consultar "a su presidente" (en referencia a Manuel Menéndez) antes de pronunciarse. Estaba llamado a declarar Jesús Alcalde, pero no compareció en el juicio. Los trabajadores esperan una sentencia en el plazo aproximado de un mes.
