Si la minería fuese un enfermo, su pronóstico sería crítico. Solo el mejor de los cirujanos podría lograr recuperar al paciente, que se ha ido desangrando hasta llegar a una situación casi irreversible. Más de un millar de mineros se encuentran ahora regulados (ERE) o despedidos por sus empresas, algunas de ellas en fase terminal, como es el caso de la Hullera Vasco Leonesa, cuyos administradores concursales han presentado recientemente el plan de liquidación. En la minería privada, apenas quedan medio millar de mineros trabajando. La empresa pública Hunosa sigue adelgazando paulatinamente. Las fuentes consultadas aseguran que la plantilla supera escasamente las 1.600 personas. Poco o nada queda ya de un sector, el del carbón, que empleó en España a más de 50.000 trabajadores y que supuso el sustento, en empleos indirectos, de comarcas enteras. Los territorios mineros que hoy cada vez más decaídos, asolados por el éxodo de los jóvenes y por la fallida reconversión industrial.
Asturias es la región en la que más mineros hay en activo. La razón es simple: es la comunidad en la que opera Hunosa, empresa pública que mantiene, pese a los recortes de plantilla, cuatro pozos abiertos (Santiago, San Nicolás, Carrio y María Luisa) y da trabajo a casi 1.600 personas. También se mantiene operativa la empresa Carbonar, en Cangas del Narcea, que a día de hoy tiene una plantilla en torno al centenar de trabajadores. Sin embargo, fuentes del sector apuntaron a este diario que la compañía no pasa por su mejor momento tras el bloqueo de las centrales térmicas a la entrada en sus parques de carbón autóctono, por lo que la empresa canguesa está teniendo problemas para colocar el carbón que extrae. A estas dos empresas se limita a día de hoy la producción de carbón en Asturias. Hay otras dos compañías que operan en la región, pero este mismo mes de marzo han presentado sendos expedientes de regulación temporal de empleo para la totalidad de sus plantillas. Por un lado está Uminsa, propiedad del magnate leonés del carbón, Victorino Alonso, que ha suspendido temporalmente los contratos de sus en torno a tres centenares de trabajadores. Por el otro, la compañía Asturleonesa, antigua Coto Minero Cantábrico, que hoy controla el asturiano Rodolfo Cachero, y que también ha regulado a sus 282 trabajadores.
Mucho peor aún está la situación en Castilla y León. La que fuese por momentos la empresa minera privada más potente del país, la Hullera Vasco Leonesa, está en un proceso de liquidación. Sus 329 empleados están ahora mismo bajo un expediente de regulación temporal, que expiraba en abril, y que los sindicatos han logrado que se prorrogue un tiempo para tratar de que el grueso de los mineros puedan optar a prejubilaciones o bajas incentivadas. Además, las condiciones impuestas en el plan de liquidación hacen muy difícil que ninguna otra empresa pueda quedarse con los grupos de producción subterránea de esta centenaria compañía.
Sobre los mineros de la empresa Bierzo Alto, propiedad de José Simón Campazas, también pesa un expediente de regulación de empleo, que afecta a 75 profesionales, y del que se va a cumplir un año de vigencia. Solamente queda operativa la mina "La Escondida", de Manuel Lamelas Viloria, con apenas medio centenar de trabajadores. Sin salir de Castilla y León, el proceso que ahora atraviesa la Vasco Leonesa lo padeció en su día Carbones de San Isidro y María, que fue adquirida en un concurso por un empresario mierense -y dos socios-, a través de la compañía Carbones de Alto Carrión. Sin embargo, las trabas legales para reabrir la explotación les ha llevado a despedir a la docena de mineros que tenía en plantilla.
Otras regiones
Aragón y Castilla La Mancha son las dos regiones que también sobreviven, de momento, a la crisis minera. La primera, con la empresa Samca, que opera un cielo abierto con cerca de 300 mineros. La región castellano-manchega cuenta con Encasur, en la que apenas quedan una veintena de trabajadores en el cielo abierto de Puertollano, tras llegar hace unos días a un acuerdo para la prejubilación de 69 trabajadores en el marco de un ERE.
Con estas cifras en la mano, parece evidente que el pronóstico del sector minero sobrepasa lo crítico. La única inyección de adrenalina que podría revivir al paciente pasaría por que el Gobierno articulase ya los nuevos incentivos a la compra de carbón nacional, una medicina que debería haber estado preparada el 1 de enero de 2015. Quince meses después, quizá ni esos cuidados sean suficientes. El corazón de la minería se para. Y la reanimación parece imposible.
