Los planes de futuro para los terrenos de la zona baja del pozo Venturo contrastan con la ausencia de expectativas para la instalaciones de la primitiva mina, reconvertidas en oficinas por la empresa Venturo y que desde hace seis años, tras el cierre de la firma cartográfica, no tienen ningún tipo de actividad. El edificio es ahora propiedad del Banco Popular, el principal acreedor de Venturo XXI. Cuando la firma cerró tenía una deuda de 5,1 millones de euros. El juzgado que llevó el concurso de acreedores quiso reducir deuda vendiendo las instalaciones y los bienes de la empresa, pero no hubo compradores.
Venturo XXI se constituyó en 2005 aunque desde un principio estuvo mal planificada, según certificó el administrador concursal en todos sus informes. Participada por diversas entidades públicas, dispuso de una ayuda de 1,1 millones de euros de los fondos mineros y "créditos blandos" por valor de otros dos millones. La compañía llegó a tener un pico de actividad en el que tuvo contratadas a 124 personas. Eran unos contratos incentivados por las subvenciones públicas que sin ocultaban la insuficiente carga de trabajo con la que contaba la compañía cartográfica.
La empresa perdía dinero de forma progresiva, lo que hizo que redujesen su capital de 2,5 a 1,2 millones, y rebajase la plantilla de 124 a 73 trabajadores, el mínimo establecido para no tener que devolver las subvenciones de los fondos mineros. A principios de 2009 llegó el primer expediente de regulación de empleo (ERE) temporal. En noviembre de ese año hubo retrasos en las nóminas y en enero de 2010, una reducción drástica de capital: de 1,2 millones a 103.840 euros. La empresa, constituida con todas las facilidades, entraba en su recta final. En abril de 2010 la compañía entró en concurso de acreedores, y poco después despidió a toda su plantilla, que realizó todo tipo de acciones de protesta como encierros, manifestaciones y marchas por Asturias.
