El Ayuntamiento de Langreo ha pedido asesoramiento jurídico externo para analizar la posible disolución de Aguas de Langreo -la empresa mixta que se encarga de gestionar el suministro en el concejo desde 2006- ante las dudas por el cumplimiento de las inversiones comprometidas por el socio privado de la entidad, Aqualia. El informe -elaborado por un despacho de abogados de Oviedo y al que ha tenido acceso este periódico- ha sido entregado a los grupos representados en la Corporación y será debatido en Pleno. El estudio jurídico esgrime que sí existe un incumplimiento del plan de inversiones, aunque también expone que "resulta complejo" pretender una resolución del contrato por este motivo.
La empresa mixta Aguas de Langreo se constituyó en 2006, con una participación del 51 por ciento del Ayuntamiento y un 49 por ciento correspondiente en la parte privada. Según el pliego de condiciones, la duración de la participación privada en el accionariado de la sociedad es de 25 años desde la constitución, con lo que el plazo finalizaría en el año 2031.
En el estudio jurídico sobre la situación de Aguas de Langreo el Ayuntamiento consulta a los abogados externos sobre diferentes asuntos, entre ellos el cumplimiento de las obligaciones de socio privado (como inversiones) y el análisis y consecuencias de una posible disolución de la sociedad a iniciativa del Ayuntamiento, si se entendiera que existe incumplimiento de esas obligaciones por parte de Aqualia. Los abogados consultados por el Consistorio, tomando como referencia un informe de julio de 2015 emitido por la Intervención Municipal, concluyen que si se ha incumplido el plan de inversiones. En el primer quinquenio (2006-2011) se alcanzaron los 5,2 millones, frente a los 7,2 millones proyectados. En el segundo quinquenio (2011-2015) no consta que se haya realizado inversión alguna.
A la hora de analizar las consecuencias de una posible supresión de Aguas de Langreo, el informe resalta que debe diferenciarse entre disolución de la sociedad y resolución del contrato. El escrito analiza los estatutos y la normativa y expone que no se establece como causa de disolución de la empresa el incumplimiento del contratista si bien, con carácter general, sí puede ser causa de resolución del contrato el incumplimiento de las "obligaciones contractuales esenciales". También precisa que, hasta ahora, el Ayuntamiento no ha incoado expedientes o hecho requerimientos de los incumplimientos.
El informe argumenta que, con ese escenario, "resulta complejo" pretender una resolución por incumplimiento y que la voluntad unilateral de la Administración no puede constituir por si sola una causa de disolución de la empresa mixta.
El documento también se detiene a evaluar las posibles consecuencias de la ruptura del convenio. De esta forma, argumenta que "sea cual sea la causa de resolución, la Administración ha de abonar, en todo caso, al contratista el precio de las obras e instalaciones" que hayan sido ejecutadas por el socio privado y deban pasar al Ayuntamiento, "teniendo en cuenta su estado y el tiempo que restara para la reversión". También habría que indemnizar al contratista por los daños y perjuicios ocasionados, incluidos los beneficios futuros que se dejen de percibir.
