Final inesperado para el conflicto laboral del Centro Europeo de Soft Computing, clausurado por falta de inversión a principios de este año. Los trabajadores del centro denunciaron a la Fundación para el Progreso del Soft Computing, junto a la Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Asturias-Cajastur y la Consejería de Empleo, Industria y Turismo del Principado (ambas entidades fundadoras y patronos de la Fundación) por el impago de las indemnizaciones acordadas durante las negociaciones que condujeron al cierre: el abono de treinta días por año trabajado a cada empleado. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha estimado sólo en parte esta demanda: declara nulo el despido, por ese acuerdo incumplido con los trabajadores, y dicta su vuelta al puesto de trabajo, a un centro que ya no existe. A la vez, exime de responsabilidad patrimonial y absuelve a Cajastur y Principado.
"Ha sido una mala noticia para nosotros", explicó Sergio Damas, investigador principal en el clausurado centro del Soft Computing y representante de los trabajadores durante la negociación. Según Damas, "esta sentencia sería favorable si no se hubieran encargado de liquidarlo ya todo". Se refiere a que la falta de inversión de los patronos, unida al abandono en la búsqueda de posibles inversores, "nos hizo perder todas las investigaciones y sería imposible volver a empezar". Tampoco tienen ya la cesión de las instalaciones, que eran propiedad de la Universidad de Oviedo.
Los representantes legales de Cajastur y el Principado ya habían dejado claro en el juicio que no tenían previsto volver a apostar por el centro, con independencia del fallo del Tribunal Superior. "Lo que más nos duele es que la situación del Soft Computing llevaba años siendo difícil y no hicieron nada por evitarlo", explicó Damas. La decisión de liquidar el centro, apunta la sentencia, fue de Cajastur: "La negociación por parte de la Fundación para el Progreso del Soft Computing se llevó bajo una dependencia total de las decisiones de uno de los fundadores y patronos, esto es, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo (con independencia de que la decisión inicial de disolución fuera provocada por la postura del otro fundador)".
Visto que la vuelta al trabajo es inviable, la solución legal para los trabajadores pasaría por una indemnización más alta (equivalente a la fijada por el despido improcedente) y el pago de los salarios de tramitación. El fallo del TSJA, tras dictar la nulidad del despido, matiza que "se condena a la Fundación para el Progreso de Soft Computing a estar y pasar por esta declaración y a los efectos expresados, y se absuelve al resto de los demandados".
Los compromisos
La decisión está ligada a las cláusulas firmadas por Cajastur y la Consejería de Industria durante la fundación del centro. La entidad bancaria se comprometió a abonar seis millones de euros, en seis plazos a razón de un millón anual, desde 2006. El Principado acordó aportar 1,2 millones de euros, en seis plazos a razón de 200.000 euros anuales, desde la misma fecha. Terminado este periodo, resume la sentencia, finalizó la responsabilidad patrimonial de ambas entidades.
La absolución de Cajastur y el Principado cayó como un jarro de agua fría entre los empleados. "La caja de la Fundación está vacía, nos queda únicamente recurrir a Fogasa (Fondo para la Garantía Social) para cobrar las indemnizaciones", afirmó Damas. "Es un final muy amargo", zanjó el investigador.
