Los damnificados por el cierre del Centro de Soft Computing de Mieres, clausurado a principios de año, llegan hasta México. La Procuraduría General de Justicia del Estado de México (organismo con las mismas funciones que la Fiscalía General del Estado en España) compró hace un año una licencia de un revolucionario software creado en Mieres: un sistema virtual de reconocimiento de cadáveres. El objetivo de este programa era la identificación de mujeres enterradas en Ciudad Juárez. Las autoridades mexicanas pagaron cerca de 300.000 euros por la licencia, pero el sistema quedó inutilizado con el fin de la actividad en el centro (ubicado en el campus de Barredo). Los ideólogos del sistema buscan ahora fórmulas para devolver el uso al software: "Les hemos dejado tirados", reconoce Sergio Damas, principal investigador del grupo que ideó el programa.
Era el año 2012 y corrían buenos tiempos, o eso parecía, para el Centro de Soft Computing. Sergio Damas recibió en su despacho a Diana Washington, periodista que ha dedicado buena parte de su carrera a investigar las desapariciones y los crímenes de Ciudad Juárez. Quería conocer de primera mano ese programa del que todos hablaban ya en México y que parecía tener la clave para el reconocimiento de las víctimas.
Cinco años de investigación llevó al grupo de trabajo idear los algoritmos para un reconocimiento forense muy preciso. Una vez terminado, el programa permitía encontrar coincidencias entre restos óseos del cráneo y una fotografía de la persona a la que se intenta localizar. Todo digitalizado, dejando atrás las fórmulas manuales que habían ocupado el mercado hasta ese momento. El sistema se probó en varios casos reales con la Guardia Civil y otras entidades. Los investigadores contaron con la colaboración del laboratorio de Antropología Física de la Universidad de Granada, dirigido por el antropólogo forense Miguel Botella. "Fue un trabajo duro, pero resultó satisfactorio porque los resultados fueron espectaculares", destacó ayer Damas.
Lo mismo pensaron en México. Tras varias visitas al país, las autoridades iniciaron una negociación para hacerse con el software. Y resultó bien. Fijaron un precio y vendieron la primera licencia a la Procuraduría, pero con una condición: los algoritmos que permiten la identificación se quedarían en Mieres. Las autoridades de México tendrían acceso al programa para subir escaneadas sus fotos y para la revisión de los restos óseos, pero las concordancias se analizarían a través de una conexión remota con el Centro de Soft Computing.
Funcionaba bien. Así evitaban conflictos de propiedad intelectual y respetaban al cien por cien la Ley de Protección de Datos. Los resultados eran buenos. Tanto que, según Damas, "las autoridades mexicanas querían comprar nuevas licencias este año para expandir el sistema por todo el país". Los beneficios para el centro habrían sido muchos, según el investigador. El equipo de Damas se autofinanciaba desde 2010, no generaba pérdidas. El experto no conoce la situación económica del centro en general, pero sí sabe que era deficitario.
Un déficit que empezó hace ya años y del que habían alertado a la Fundación para el Progreso del Soft Computing, órgano encargado de la gestión del centro. Actuaban como patronos la Consejería de Industria y la Fundación Cajastur (luego fusionada con otras entidades y parte de Liberbank). A finales del año pasado, se anunció un ERE para toda la plantilla. La historia ya es conocida: hubo un acuerdo para las liquidaciones de los trabajadores que no se cumplió. La plantilla denunció a la fundación y a los patronos, y el juez anuló los despidos, pero absolvió a Cajastur y al Principado. La única salida para los trabajadores, dicen ahora, será acudir al Fogasa (Fondo para la garantía social) para cobrar las indemnizaciones.
Y los damnificados, de vuelta a aquel software innovador, también están en México. Damas explicó ayer que, desde el cierre del centro, "esa licencia que tienen para el reconocimiento de víctimas ya no funciona". Una situación que, de no encontrar solución, podría desembocar en una nueva polémica contra la decisión de liquidar el equipamiento de Mieres. Cuando los investigadores embalaron su material de oficina, tuvieron que dejar otros trabajos sin terminar. Dos de ellos, precisamente, para Liberbank: un sistema para evaluar la viabilidad en la concesión de créditos bancarios y otro programa destinado a fijar el riesgo de morosidad de un candidato.
