Los trabajadores del extinto centro europeo de Soft Computing, que se ubicaba en el edificio de investigación del campus de Mieres, defendieron ayer la cuantía de sus sueldos, denunciada por el Conceyu por Otra Función Pública n'Asturies, una asociación formada por empleados mayoritariamente del Principado, que aseguraba que "son muy superiores a los del propio presidente asturiano, Javier Fernández". Sergio Damas, que representaba a la plantilla, aseguró ayer que "estamos hablando de sueldos de un centro de investigación internacional, y así deben evaluarse". Los salarios, que se hicieron públicos en la sentencia de la sala de los Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias que declaraba nulos los despidos de la plantilla del centro mierense. Cinco de sus trabajadores cobraban mensualmente más de 6.000 euros (cuatro investigadores y el director general), mientras que el sueldo del resto oscilaba entre los entre los 1.429,13 euros que cobraba el documentalista y los 4.583,33 euros del gerente.

Damas defendió que este tipo de nóminas se dan en empresas con una actividad similar a la que desarrollaba el centro de Soft Computing, especializado en lógica difusa, es decir, tratar de que las máquinas tengan razonamientos similares a las de los humanos y con múltiples aplicaciones en sectores tan diversos como la medicina o la energía. "Si alguien cree que los investigadores de Google o de los centros de Escocia cobran menos está muy equivocado", apuntó este trabajador, destacando que "el caso de Google lo tenemos muy cercano, ya que un colega nuestro está ahora trabajando allí y para entrar valoraron mucho su experiencia en el centro de Soft Computing".

Asimismo, Damas apuntó que, quien aprobaba el presupuesto del centro "era el patronato, formado por Cajastur y el Principado. Si hubieran considerado que el trabajo no se correspondía con los sueldos, deberían haber tomado las medidas oportunas". Y es que, como destacó, "ni la rentabilidad, ni la autofinanciación eran objetivos del centro, sino que se buscaba el conocimiento". A pesar de ello, y de los denunciados sueldos, "muchas unidades generaron más ingresos que gastos". Por ello, rechazó que las nóminas fueran las causantes de la grave situación económica del centro que derivó en su cierre, tal y como denunciaba la asociación de funcionarios. "Nadie ha puesto en cuestión la excelencia del centro, teníamos un comité científico con expertos internacionales que eran eminencias, y siempre se ha buscado lo mejor, además, los procesos de selección eran públicos", señaló, destacando que "es un error poner un foco asturiano en algo que pretende tener un carácter internacional".

El centro europeo de Soft Computing, creado con la aportación económica de Cajastur y el Principado, se mantuvo en funcionamiento durante una década. La entidad, que llegó a contar con medio centenar de trabajadores, aunque en su última época no alcanzaba la treintena, participó en numerosos proyectos, tanto europeos como nacionales. El trabajo reportó 6,5 millones al centro mierense.