El patronato del Soft Computing readmitirá a la plantilla para volver a despedirla

El consejero de Empleo anuncia que se cumplirá la sentencia del TSJA, pero que el centro está abocado al cierre y entrará en concurso de acreedores

15.04.2016 | 04:21
El edificio de investigación del campus de Mieres, donde se ubicaba el centro de Soft Computing.

El centro europeo de Soft Computing, que se ubicaba en el edificio de investigación del campus de Mieres, avanza hacia su liquidación. El consejero de Empleo, Francisco Blanco, anunció ayer en sede parlamentaria que el patronato que gestiona la entidad solicitará el concurso de acreedores por la falta de financiación. No es la única decisión, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que les obligaba a readmitir a los trabajadores. Blanco aseguró que el patronato ejecutaría el fallo del tribunal pero, a su vez, sometería a la plantilla a un nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción. Es decir, que se readmitirá a la plantilla para volver a despedirla.

El consejero respondía a una pregunta urgente de la diputada de Podemos Lorena Gil en el Pleno de la Junta General del Principado. Gil pretendía conocer qué decisiones había tomado el Patronato, donde están tanto el Principado como la Fundación Bancaria Cajastur. Blanco señaló que el Patronato, asesorado por un equipo jurídico, "valoró la posibilidad de no readmitir a los trabajadores, pero se desestimó de forma unánime en virtud de las implicaciones jurídicas". Destacó, además, que "en aras de que los trabajadores conocieran la realidad, se les explicase por carta el proceso que se iba a seguir, tanto la ejecución de la sentencia como el ERE de extinción". En cuanto a la solicitud del concurso de acreedores -el centro se encuentra en la actualidad en preconcurso-, Blanco apuntó que "es a consecuencia de los gastos que tiene que asumir el patronato". En todo caso, será una situación de concurso de acreedores atípica al tratarse de un centro con una parte de financiación pública. Tendrá que nombrarse un administrador concursal que liquide los activos de la compañía y valore cómo afrontar las deudas del centro, que principalmente son con sus propios trabajadores, a los que les espera un futuro incierto.

Preguntas

La diputada Lorena Gil aprovechó para reclamar la responsabilidad del Principado en el proceso de cierre del centro, destacando que "llegaron a comprometer dinero público para cubrir la responsabilidad de un patrono privado" y criticó que "invirtieron ocho millones de euros para acabar dejando morir un centro, por eso nos gustaría saber qué estudios les llevaron a apoyar su desarrollo y qué criterios hubo para la contratación de personal y su escala salarial", en clara referencia a la publicación en LA NUEVA ESPAÑA de los salarios que la plantilla y donde se señalaba que seis de sus empleados tenían una nómina mensual de más de 6.000 euros. Gil también criticó que se realizase "una inversión sin proyección de futuro, dejando morir este centro".

Francisco Blanco defendió las motivaciones que llevaron al Principado para apostar inicialmente por el centro europeo de Soft Computing, aunque admitió que no les salió tal y como esperaban. "No comparto que el proyecto haya salido bien, ha salido mal, se hizo una aportación inicial y otras periódicas para que echase a andar con un colchón más que abundante y lograse subsistir, como hacen el resto de centros tecnológicos de la región", apuntó, destacando que "finalmente no se consiguió ese objetivo porque el volumen de pérdidas que arrastró el centro acabó con la inversión inicial. Tampoco consiguieron calificarse como centro tecnológico, no le echo la culpa a nadie, los investigadores son excepcionales, pero al no conseguir la sostenibilidad económica hubo que tomar la decisión de cerrar". El Consejero no contestó al resto de cuestiones planteadas por la diputada de Podemos por falta de tiempo, lo que hace pensar que no será la última vez que se vuelva a hablar del Soft Computing en la Junta.

Sobre algunas de las cuestiones de Lorena Gil, los trabajadores ya respondieron públicamente, sobre todo referida a las contrataciones y los sueldos. Sergio Damas, que representaba a los trabajadores, destacó que los procesos de contratación eran públicos y los honorarios, que se hacían con el beneplácito de los patronos, responden a la cualificación que se exigía para trabajar en este centro, destacando que se trata de una entidad de carácter internacional.

Una década

El centro europeo de Soft Computing abrió sus puertas hace una década con el objetivo de convertirse en unas instalaciones de referencia internacional. Su investigación se basaba en la lógica difusa, esto es, hacer que las máquinas tuviesen razonamientos similares a los de las personas, una técnica con múltiples aplicaciones de sectores tan diversos como la medicina o la energía. Un trabajo que reportó 6,5 millones de euros al centro mierense, a través de su participación en diversos proyectos europeos, pero que no fue suficiente para que sus patronos decidiesen dar continuidad al centro pasados estos diez años. Su plantilla, que llegó a superar el medio centenar, se redujo a unos treinta trabajadores en su última etapa.

Sus patronos -Cajastur y el Principado- decidieron a finales del año pasado cerrar el centro, debido a su mala situación económica. Tras acordar una serie de indemnizaciones para la plantilla, el patronato no cumplió sus compromisos y los trabajadores acudieron a los tribunales. El TSJA declaró como nulos sus despidos, iniciándose un nuevo proceso que acabará en la liquidación de la entidad. Distinto es el futuro de los trabajadores, ya que el cobro de las indemnizaciones comprometidas se hace, en la actualidad, bastante complicado.

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