La situación del centro europeo de Soft Computing siguió rondando ayer los pasillos de la Junta General del Principado. La diputada de Podemos Lorena Gil, que un día antes había formulado una pregunta urgente al consejero de Empleo, Francisco Blanco, sobre la entidad, denunció ayer la "falta de una política de I+D+i en el Principado". Gil señaló que el modo en que se ha llevado el centro ubicado en Mieres "no ha sido el correcto", dando cuenta de que el Principado había invertido ocho millones de euros "para dejarlo morir". La diputada también reflexionó sobre la existencia "de muchos investigadores en precario", aunque no quiso criticar los sueldos que se abonaban en la entidad dedicada a la lógica difusa, y sólo apuntó que, "cuando se hace investigación, tiene que hacerse con una visión de futuro y de país". También aludió al centro de Soft Computing la diputada de Foro Carmen Fernández, denunciando que el consejero "engañó a los trabajadores, quienes aceptaron poner fin al periodo de negociaciones al prometerles algo que sabía que no podía cumplir, y que ha provocado la nulidad de los despidos y su reposición a una empresa que ya fue liquidada". Para Fernández, el consejero "no tiene la más mínima vergüenza ni respeta en absoluto a los trabajadores, pues reconoció públicamente en la Junta General del Principado el compromiso adquirido de afrontar el pago de indemnizaciones anunciando después que la intervención general imposibilitaría asumir el pago. Es un escándalo contra la buena fe de los trabajadores".
