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El Principado espera que el Juzgado apoye las demandas de la plantilla del Soft Computing

El consejero de Empleo considera que los trabajadores no deben ser reincorporados a una empresa que ni existe ni tiene ya oficinas

22.04.2016 | 03:38

El consejero de Empleo, Francisco Blanco, espera que los trabajadores del extinto centro europeo de Soft Computing consigan el respaldo judicial y eviten su reincorporación a una empresa que ya no tiene ni oficinas. Al menos eso fue lo que dio a entender ayer durante la celebración del Pleno de la Junta General del Principado en respuesta a una pregunta del diputado del PP, Rafael Alonso. El popular pretendía conocer el nivel de implicación del Consejero en los expedientes de regulación de empleo (ERE) que sufrieron los empleados.

Blanco afirmó que "todos los reconocimientos que estoy haciendo son en beneficio de los trabajadores, dándoles argumentos para que puedan solicitar al juez la imposibilidad de su vuelta a la empresa". Y es que, en declaraciones anteriores, el consejero había admitido, por un lado, que el patronato que gestiona el centro -donde se encuentran el Principado y Cajastur- tuvo que ejecutar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que declaraba nulos los despidos y readmitir a los trabajadores en lugar de abonarles la máxima indemnización por despido improcedente, de 45 días por año trabajado. Francisco Blanco afirmó que se tomó esta decisión porque el patronato no tenía liquidez para abonar las indemnizaciones pero, a la vez, admitió que no habría un lugar donde la plantilla pueda ir a trabajar, teniendo que ser sometida de forma inmediata a un nuevo ERE de extinción.

El Consejero de Empleo espera que los trabajadores utilicen estas declaraciones para que el juez dé cuenta de la imposibilidad de su reincorporación. Asimismo, señaló que "soy consciente de que muchos de ellos saldrían perjudicados si tuvieran que volver a la empresa, ya que se encuentran trabajando en otros centros". No serían los únicos perjudicados, el resto también, ya que dejaría de cobrar la prestación por desempleo, tal y como había asegurado el investigador Sergio Damas, que representaba a la plantilla. Rafael Alonso también se interesó por los principales acreedores del centro ubicado en Mieres, "que me temo que van a ser los propios trabajadores".

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