La sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) acogió ayer una vista en la que se abordó el problema al que se enfrentan los trabajadores del extinto centro europeo de Soft Computing, que se asentaba en el edificio de investigación del campus de Mieres, tras pedir el patronato que lo gestiona la ejecución de la sentencia que declaraba nulos los despidos y obligaba a la reincorporación de la plantilla. Sin embargo, los trabajadores ya habían dado cuenta de que su reincorporación era imposible, sobre todo porque no había actividad ni un centro de trabajo al que acudir, por eso volvieron a acudir ayer a los tribunales.
La abogada de los trabajadores, Marta Rodil, explicó al tribunal que el patronato "está actuando en fraude de ley". Su denuncia viene argumentada porque en la carta que el patronato envió a la plantilla para su reincorporación, "los exonera de acudir al puesto de trabajo y, por otro lado, les dice que va a despedirlos con un ERE, eso es una falsa readmisión". También hizo referencia la letrada a la solicitud del concurso de acreedores que ha realizado el patronato ante el juzgado mercantil. "Esta petición se hace cuando se intenta salvar a la empresa, no para liquidarla", sentenció. Rodil tuvo como apoyo las declaraciones como testigos del que fuera director general del centro europeo de Soft Computing, Luis Magdalena, y del exgerente, Raúl del Coso, quienes confirmaron que el patronato ya tenía intención de liquidar el centro de Mieres desde el pasado mes de enero.
Luis Magdalena afirmó que "nadie está trabajando en el Centro de Soft Computing" y argumentó esta declaración señalando que "cancelamos los contratos a proveedores en enero, dejamos el centro totalmente desconectado, sin teléfono ni internet, también se desconectaron los ordenadores y se agruparon por si tenían que hacer un inventario de bienes". También apoyó su declaración al aludir a los proyectos en los que estaba inmerso el centro: "Notificamos las renuncias y cerramos otros, dejando a la Fundación para el Progreso del Soft Computing sin proyectos, tampoco se pueden recuperar, sino que habría que comenzar otros nuevos".
Las afirmaciones del exdirector del Centro de Soft Computing contrastaban con la declaración de la abogada que representaba al patronato, donde se encuentran Cajastur y el Principado de Asturias. La letrada aseguró que no se había desmantelado la empresa, que el local seguía abierto en la actualidad y que había personas allí. Unas palabras que los extrabajadores, que habían acudido a la vista, censuraban desde su asiento asegurando que "es imposible que esté trabajando nadie allí, el patronato no puede contratar a nadie más". Y de hecho, como apuntaron algunos de ellos más tarde, la comunicación con los abogados del patronato "tiene que hacerse a través del despacho que estos últimos tienen en Oviedo, en ningún caso con la sede de Mieres que se encuentra cerrada".
El exgerente del Centro de Soft Computing ratificó la grave situación económica del patronato que "no se puede hacer cargo de las indemnizaciones. Cuando dejé el puesto sólo había dinero para los últimos salarios". Asimismo, aseguró que la entidad tenía deudas con el director general y con él por nóminas impagadas. Esta mala situación económica también imposibilitaría, según Del Coso, "la actividad en el centro, si no hay fondos es imposible hacer nada". Otra de las deudas del patronato, finalizó, también es con la Universidad de Oviedo, "a la que no se le abonaron los últimos alquileres por el local en el que desarrollábamos la actividad dentro del campus de Mieres". Junto a Magdalena y Del Coso, estaba llamado a declarar Jesús Alcalde, presidente del patronato y vocal-secretario del consejo de administración de Liberbank, quien no acudió a la citación del TSJA.
