La esperada reunión entre los sindicatos mineros, la patronal y el grupo parlamentario del PP, ayer, en el Congreso, se saldó con varias propuestas de los populares que los sindicatos, pese a valorarlas, no acaban de verlas como lo que el sector necesita. Los populares llegaron al encuentro para poner sobre la mesa una proposición no de ley que llevarán a la Cámara Baja, en la que pedirán una actualización del plan de cierre enviado, en 2013, a la Unión Europea, así como cerrar los trámites con Bruselas para la puesta en marcha de medidas que incentiven el consumo de carbón nacional. El tercer punto que recoge la propuesta es comenzar a firmar acuerdos y convenios con las comunidades autónomas para desarrollar proyectos de fondos mineros. En definitiva, una moción que salvo el primer punto, refleja las directrices fijadas ya en el Marco de Actuación para la Minería firmado entre los sindicatos y el Gobierno el pasado 2013, y que no se han cumplido hasta ahora.
A la reunión acudieron diputados de las comunidades autónomas con territorios mineros, entre ellas Asturias, que estuvo representada por Susana López Ares. La parlamentaria popular aseguró que la iniciativa presentada a los sindicatos y que llevarán al Congreso tiene dos principales objetivos. Por un lado, garantizar "la existencia de actividad minera a partir de 2018". La otra meta es la de "impulsar la firma de los Convenios Marco con las Comunidades Autónomas, que permitan y doten la financiación necesaria para el desarrollo de proyectos de infraestructuras y restauración ambiental de las zonas degradadas, para la reactivación de las comarcas mineras".
En la exposición de motivos de la Proposición No de Ley presentada por ayer por los populares, estos culpan veladamente al PSOE de la situación actual del sector, en concreto, en lo referente al desarrollo normativo de unos incentivos para el consumo de mineral nacional. En este sentido, apuntan que, en 2010, el Gobierno de España -entonces en manos del PSOE- "manifestó a la Comisión Europea su intención de poner fin al marco regulatorio hasta entonces existente en la minería del carbón, en lo que se refiere al régimen de incentivos al consumo de carbón autóctono". Un compromiso con la UE, señalan los populares, que fijaba que "ninguna prolongación del mecanismo establecido en dicho Real Decreto 134/2010 -el de consumo por garantía de suministro- sería posible más allá del 31 de diciembre de 2014 en ningún caso".
Además, los populares recordaron que la Decisión aprobada en 2010 por la UE "establece un proceso ordenado de cierre de las minas no competitivas hasta el fin del 2018, momento a partir del cual todas las explotaciones mineras que hayan recibido ayudas, deben estar cerradas, o en caso contrario devolver las ayudas recibidas". En este sentido, apuntan desde el PP, "en el momento actual es inviable cualquier posibilidad de implementar medidas que contradigan los compromisos asumidos por el anterior Gobierno y sean contrarias a la Decisión". Los populares entienden que la situación minera se ha visto también afectada por el desplome de los precios del carbón importado en los mercados internacionales durante el pasado 2015, "lo que ha provocado la pérdida de competitividad del carbón autóctono".
En la reunión, los miembros del PP se comprometieron con los sindicatos a mediar con el Gobierno en funciones para acelerar el pago de prejubilaciones y bajas incentivadas, así como las ayudas a la producción pendientes de los dos últimos meses de 2015. Por último, los populares indicaron que tratarán de mediar con el Ejecutivo para que el Secretario de Estado de Energía convoque la mesa del carbón.
Visión sindical
Los sindicatos mineros FITAG-UGT y la Federación de Industria de CC OO salieron ayer de la reunión con sensaciones encontradas. Por una parte, valoran el apoyo de los populares, aunque por la otra tienen dudas de que sea real, ya que solamente se encontraron con diputados de las comarcas mineras españolas.
El responsable de Minería de FITAG-UGT, Víctor Fernández, señaló que la proposición planteada por el PP "viene a confirmar que no han cumplido el plan del carbón y lo que pide es que el Gobierno que ellos sustentan haga lo que no hizo desde que se firmó el acuerdo en 2013. Es una de las propuestas más continuistas y más anticarboneras que he conocido". Además, Fernández dudó de que "llegue a tramitarse, puesto que el escenario político puede acabar con que en unos días se disuelvan las Cortes". José Luis Villares, responsable de Industrias Extractivas de CC OO de Industria, indicó que "exigimos que nos plateen medidas concretas para salvar el carbón y no que nos vendan humo". Sindicatos y patronal viajarán hoy hasta Aragón, donde se reunirán con el presidente autonómico y los con los miembros del Partido Aragonés.
