Los trabajadores del extinto centro europeo de Soft Computing, que se ubicaba en el edificio de investigación del campus de Mieres, han sufrido un nuevo varapalo. En este caso, desde el patronato que gestiona el centro y que ha provocado que acudan ante la Inspección de Trabajo para denunciar lo ocurrido. El patronato había citado a los representantes de la plantilla para negociar el nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción al que se les pretende someter una vez que el juez declaró nulos los despidos. Cuando los empleados acudieron a la cita, nadie se presentó, ni siquiera el abogado del patronato. La plantilla consideró esta situación como "una ofensa más" de las que están recibiendo por parte del patronato desde que éste decidió cerrar las instalaciones, así que optaron por denunciar la incomparecencia ante la Inspección de Trabajo.
Estos hechos suceden de forma paralela al proceso judicial que los trabajadores mantienen abierto y en el que denunciaban "fraude de ley" en su reincorporación al centro. Esto ocurrió tras la declaración de sus despidos como nulos por el juez de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Este fallo obligaba a la empresa (el patronato en este caso, formado por el Principado y la Fundación Cajastur) a reincorporarlos a su puesto de trabajo. No era su única opción, también podían admitir la imposibilidad de volver al trabajo, ya que el centro se encuentra totalmente cerrado, y abonarles la máxima indemnización por despido, de unos 45 días por año trabajado. El patronato eligió la primera opción, tal y como había explicado el consejero de Empleo, Francisco Blanco, ante la falta de liquidez que hacía imposible abonar las indemnizaciones. Sin embargo, tampoco podían reincorporar a la plantilla, por eso cada trabajador recibió una carta en la que se les exoneraba de acudir a su puesto de trabajo, asegurando que se pondría en marcha un ERE de extinción. Asimismo, el patronato ha solicitado el concurso de acreedores para el centro. Estas razones son suficientes para que la letrada de la plantilla considere que el patronato está cometiendo una irregularidad y espera que el juez le dé la razón.
Por su parte, el patronato, aunque admitió haber solicitado el concurso de acreedores, defiende en todo momento que se mantiene la actividad en el edificio de investigación, tal y como aseguró su representante legal en la vista del Tribunal Superior de Justicia. Un hecho que negaron tanto el que fuera su director, Luis Magdalena, como el gerente, Raúl del Coso.
