El Tribunal Supremo condena a los socios privados de la extinta Alas Aluminium a que abonen solidariamente un total de 3.189.146 euros a la Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias (SRP) en concepto de recompra de las 27.350 acciones que esta entidad tenía de la empresa. También tendrán que pagar la penalidad prevista contractualmente que asciende a 547.000 euros más los intereses legales devengados hasta la fecha, según aseguraron fuentes del Gobierno regional.
La SRP está a la espera de que el Tribunal Supremo remita los autos al Juzgado de Primera Instancia de Oviedo para presentar la ejecución de la sentencia. Esta cuantía se une a los dos millones que tienen que pagar los socios privados a la Sociedad para el Desarrollo de las Comarcas Mineras (Sodeco) y a los 6,4 millones a abonar a Hunosa, según las sentencias del Tribunal Supremo.
El fallo del alto tribunal vinculado a la Sociedad Regional de Promoción del Principado es el último capítulo de un proceso judicial iniciado a finales del año 2012. En los dos casos anteriores, las sentencias reflejaron que, en las distintas ampliaciones de capital, la empresa Alas Aluminium se comprometió a recomprar las acciones adquiridas por estas entidades una vez hubieran pasado cinco años. La pelea legal se centró en determinar si había transcurrido ese tiempo para hacer obligatoria la recompra de las acciones. En estos casos se dio la razón a las empresas y organizaciones públicas con cuyo apoyo se puso en marcha la aluminera, que finalmente quebró.
Hunosa, que recibió el fallo del Tribunal Supremo en 2015, disponía de 56.350 acciones de la extinta compañía langreana y Sodeco tenía 15.000 acciones. La sentencia del alto tribunal sobre la compañía minera anuló la sentencia de la Audiencia Provincial y confirmó la del Juzgado de Primera Instancia. En el caso de Sodeco, el Supremo desestimó el recurso de los socios privados de Alas contra el fallo de la Audiencia Provincial.
Alas Aluminium inició su actividad sobre la escombrera del pozo María Luisa, de Ciaño, en 2005 y llegó a contar con más de 300 trabajadores. Tres años después de su puesta en marcha, realizó una ampliación de instalaciones. A principios de 2009, se supo que la firma pasaba por dificultades. Desde entonces, la situación fue a peor y en 2011 entró en concurso de acreedores, despidiendo a sus 270 trabajadores. Tras recibir más de 13 millones de fondos mineros, Alas acabó cerrando tras acumular 58,5 millones de deudas.
