La sala de lo social en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) avaló el cese como despido improcedente de la plantilla del desaparecido centro europeo de Soft Computing, que se ubicaba en el edificio de investigación del campus de Mieres. De este modo, el tribunal da la razón a los trabajadores, que denunciaban la imposibilidad de reincorporarse a un centro de trabajo inexistente, tal y como les obligaba el patronato que lo gestionaba. La plantilla tendrá ahora el derecho a cobrar la máxima indemnización por despido, de 45 días por año trabajado. Eso sí, lo que desconocen es quién les abonará estas cantidades. El patronato no cuenta con fondos suficientes y el mismo tribunal exoneró a sus integrantes -la Fundación Bancaria Cajastur y al Principado- de estas responsabilidades. Todo apunta a que los trabajadores se verán abocados a cobrar su indemnización del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).
Esta última batalla judicial de la plantilla comenzó tras una sentencia del TSJA que declaraba nulos sus despidos. El patronato decidió reincorporar a los trabajadores, pero exonerándoles de acudir a su puesto de trabajo, ya que ya no había actividad en el centro. En la misma carta, se les explicaba que se iba a realizar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción. La decisión del patronato no contentó a los trabajadores, que esperaban que admitiese que no podía ejecutar la sentencia llevándoles a un despido improcedente. Por ello denunciaron que se estaba realizando un "fraude de ley", como apuntó su abogada Marta Rodil. Finalmente, el tribunal les dio la razón, aunque el fallo es recurrible en los próximos cinco días. El investigador Sergio Damas, que fue uno de los representantes de los trabajadores cuando el centro estaba abierto, destacó ayer que "está claro que hicieron mal el cierre, hubo numerosas negligencias, empezando por la representación legal de la fundación y hasta las decisiones que tomaron los patronos".
A partir de ahora, y si no se recurre la sentencia, termina la vía de las demandas colectivas para reivindicar los derechos de los trabajadores. Eso no quiere decir que finalicen los procedimientos judiciales, pero tendrán que ser presentadas a título individual. "Cada uno podrá ejercer las medidas oportunas por lo ocurrido, no ya contra el patronato, sino contra quien estaba detrás de las decisiones", apuntó Sergio Damas, quien aseguró que "vamos a seguir reivindicando nuestros derechos para buscar las responsabilidades oportunas".
El centro europeo de Soft Computing, dedicado a la investigación en lógica difusa con aplicaciones en áreas tan dispares como la medicina o la eficiencia energética, estuvo funcionando durante una década. El patronato que gestionaba la entidad decidió su cierre a finales del año pasado debido a la grave situación económica llegada por falta de financiación y ayudas.
