El ente de Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA) cumplirá con sus obligaciones y "si hay que devolver el dinero, se devolverá" a los afectados por las deudas de familiares fallecidos. Así lo aseguró ayer su gerente, Graciela Blanco, que participó en la conferencia "El ERA: fórmulas de acceso, facturación y liquidación de servicios", organizada en Villallana por la Federación de Asociaciones de Mayores del Principado de Asturias (FAMPA). Blanco aseguró que los afectados "están muy determinados" y aseguró que el ente "siempre informó de las condiciones con las que el usuario ingresaba".
Antes de la ley de la dependencia había un único sistema de pago con unos precios públicos que, en el caso de no poder pagarlos, se abonaba el 75% de la pensión, generando una nómina mes a mes que, cuando abandonaban la residencia, se pagaba con el patrimonio del usuario. Cuando entró en vigor la ley de dependencia, que reconocía el derecho a un centro residencial, se pagaba en función de la capacidad económica, independientemente del precio público, en este caso no se generaba deuda a no ser que el usuario pagase menos de lo que debería.
El problema surgió con las personas a las que se les reconoció la dependencia entre 2007 y 2010, pero no se les aplicó el decreto, pagando el precio público. Esos usuarios, como apuntó ayer la gerente del ERA, "están muy determinados, son 1.287 personas, y se les va a revisar el expediente. Si hay que devolver el dinero, se devolverá, y de igual forma obraremos si hay que minorar la deuda". En ello trabaja ahora el Principado, destacó, asegurando que "necesitamos una base jurídica que nos dé las herramientas para aplicarlo y ser justos". La gerente del ERA explicó que la entidad "tiene unos procedimientos tanto para la facturación de cada mes como para las liquidaciones basado en una normativa. Otra cosa es lo que les ocurrió a los a los que no se les aplicó el beneficio de tener reconocida la dependencia y es lo que estamos intentando solucionar para que todas esas personas reciban un trato por igual".
Retrasos
A eso se le suma, como admitió Blanco, "que durante casi cinco años, debido a que no se sabía cómo aplicar la dependencia, no se giraron las liquidaciones y nos estamos encontrando con personas que reciben nuestra notificación tres y cuatro años después de fallecer su familiar, pero también es cierto que deberían conocer las condiciones con las que se ingresaba en la residencia". Y es que la deuda se aplica al patrimonio del usuario, no a los bienes de sus familiares, aunque el problema se da si se ha aceptado ya la herencia. En este caso, Blanco señaló que los familiares "tienen seis meses para pagar el impuesto de sucesiones y pueden solicitar un certificado de si existe deuda, otra cosa es que no lo hayan hecho".
La gerente del ERA destacó que "nosotros queremos dar información, no generar alarma, porque al final lleva a un desprestigio del sistema público de residencias que no se merece".
