El Ayuntamiento de Mieres tiene la inexplicable capacidad de generar deudas y obligaciones que se encadenan sin fin. Ahora es la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) la que reclama al Consistorio 138.000 euros por unas expropiaciones realizadas en 2005 dentro del programa de desarrollo de mejora de la senda verde de Turón. Los servicios jurídicos municipales ya están estudiando el contenido de esta demanda administrativa surgida de la firma de un convenio suscrito hace ya más de una década.
Este nuevo imprevisto económico amenaza con poner la puntilla a la tramitación del nuevo presupuesto municipal, un documento que lleva prorrogado desde 2009. El gobierno local reconoció ayer que en las actuales circunstancia resulta "muy complicado" poder hacer una planificación económica "veraz y seria". El Ayuntamiento está estudiando las reclamación de la CHC. De momento no hacen ninguna valoración. Simplemente aclaran que se trata de un conflicto nacido por unas expropiaciones acometidas en 2005, "durante el mandato de Luis María García como alcalde". El Ayuntamiento se enfrenta a un pago de casi 140.000 euros.
Este nuevo golpe a las arcas municipales llega justo cuando el Ayuntamiento ya está pagando al personal laboral los conceptos salariales suspendidos en 2012. El gobierno local prevé tener que abonar este año cerca de 1,7 millones de euros en el marco de conflictos laborales. Este dinero se repartirá en dos bloques. Por un lado están los 114 trabajadores laborales que han reclamado judicialmente los complementos que el gobierno local de IU retiró al principio del pasado mandato para reducir la pesada carga de las nóminas municipales. Por otro, las indemnizaciones a los trabajadores del plan de empleo de 2015, que también denunciaron judicialmente al Ayuntamiento tras realizar tareas propias del personal fijo municipal percibiendo por ello sueldos sensiblemente inferiores. La mayor cuantía, 1,2 millones, será destinada a pagar los complementos que en su momento se retiraron de manera irregular, según sentencia judicial. Ahora, a estas cantidades podría sumarse los 138.000 euros que reclama CHC, elevando la cuantía de los pagos imprevistos hasta ya muy cerca de los 2 millones de euros.
A estas alturas del año los gestores municipales de IU ya contaban con haber aprobado el nuevo presupuesto, poniendo así fin a casi siete años de prorrogas. De hecho, el documento empezó a prepararse en el mes de diciembre. Desde IU se dijo que el objetivo era aprobarlo durante el primer trimestre del año. Ahora ya no hay fechas. El gobierno local reconoce que las sentencias favorables a las reivindicaciones salariales de los trabajadores han trastocado los planes hasta el punto de que el presupuesto vuelve a estar en la cuerda floja. La reclamación de CHC, según reconocen los gestores municipales de IU, hace que el objetivo se aleje aún más.
Por si todo esto fuera poco, otro pufo merodea las arcas municipales. La compañía E.On -hoy denominada Viesgo- pide 2,9 millones de euros al consistorio como resarcimiento por el derribo de la subestación eléctrica de la Mayacina, autorizada también durante el periodo de gestión socialista, aunque con el visto bueno inicial de todos los grupos. No hay que olvidar igualmente que el pasado mandato el Ayuntamiento ya tuvo que pagar hasta 3,5 millones de euros por culpa de sentencias desfavorables relacionadas con viejos contenciosos heredados de anteriores corporaciones. Goncesco recibió algo más de tres millones por la expropiación forzosa de tres fincas urbanas recalificadas hace treinta años. Además, se han pagado igualmente indemnizaciones a la constructora OCA (309.896 euros) y a los vecinos afectados por el contencioso urbanístico de la calle Degaña (181.922 euros).
