Rechazo rotundo por parte del Principado al acuerdo alcanzado entre el Gobierno central en funciones y la Comisión Europea para abordar el cierre de las minas en 2018. El director general de Minería y Energía, Isaac Pola, denunció ayer que ese documento supone "la sentencia definitiva" para el sector. Destacó que la falta de un acuerdo para eximir a las empresas de la devolución de ayudas hará que ninguna empresa pueda sobrevivir más allá de la fecha límite. También criticó "la opacidad" durante las negociaciones con Europa.

El responsable regional aseguró que "en el comunicado de la Comisión Europea se concluye que el proyecto supondrá el fin del conjunto del sector". Esto es, el cierre de las veintiséis explotaciones que siguen actualmente en marcha. Pola destacó que "resultan llamativas" las declaraciones vertidas por responsables del PP "en las que se asevera que se ha conseguido prorrogar la vida del carbón". "El sector está ahora mismo en un momento crítico como consecuencia de los incumplimientos, por parte del Gobierno del PP, de los compromisos contemplados en el Marco del Carbón 2013-2018", añadió.

Incumplimientos y una negociación, denunció Isaac Pola, que no fue tal. "El Gobierno de España ha tomado una decisión de forma unilateral, mostrando el mínimo compromiso con el sector y los agentes implicados, puesto que ni las comunidades autónomas afectadas, ni los sindicatos ni la patronal conocemos el texto definitivo aprobado por la Comisión Europea", sentenció.

Isaac Pola lamentó que, en el transcurso de las conversaciones con la Unión Europea, el Ejecutivo de Rajoy no haya avanzado en el apartado de devolución de ayudas. Un punto clave para el mantenimiento del sector porque, desde su punto de vista, "aunque las explotaciones resultasen competitivas, la devolución de las ayudas recibidas supondría su sentencia", reiteró ayer.

Nuevas ayudas

La batería de quejas del responsable regional no termina ahí. Isaac Pola instó al Gobierno central a explicar la distribución de los 2.130 millones que se han anunciado como inversión necesaria para el cierre de minas. "Parecen corresponderse con el conjunto de las ayudas de carácter social y ambiental para atenuar el impacto del cierre, tales como las ayudas a la restauración, las jubilaciones y las ayudas a la explotación". También criticó que la reducción de ayudas a la explotación fue superior a la acordada durante los últimos años.