El próximo día 7 de junio, en Madrid, sindicatos, patronal, partidos políticos (salvo el PP), comunidades autónomas y alcaldes escenificarán su unión en defensa del carbón nacional. Lo harán con la firma de un documento, bajo el epígrafe "Acuerdo en Defensa de la Minería del Carbón y de las Comarcas Mineras", en el que justifica la supervivencia de la minería española más allá de 2018 por cuestiones de seguridad energética, critica el incumplimiento del plan del carbón y reclama un cambio en la deriva de las políticas europeas que permita el mantenimiento de la minería.

LA NUEVA ESPAÑA ha tenido acceso al documento que la próxima semana ratificarán con sus rúbricas los protagonistas anteriormente citados. En él, se recogen cinco puntos, donde además de explicar el objeto del acuerdo y poner en antecedentes de la situación del sector, reclaman al Gobierno de Rajoy acciones para garantizar la viabilidad de la minería. El texto exige la "puesta en marcha de un mecanismo que asegure un hueco térmico medio anual del 7,5% para el carbón de origen autóctono y/o alternativamente, una bonificación del 85% en el impuesto especial sobre el carbón".

También reclaman la "tramitación urgente de la propuesta de orden por la que se regule el incentivo a la inversión para la mejora medioambiental en instalaciones de producción de electricidad a partir de carbón autóctono y apoyo a las tecnologías de captura y almacenamiento de CO2". El frente por el carbón exige la "agilización del cumplimiento del plan social" que facilitaría la salida no traumática de trabajadores y la "puesta en marcha de los mecanismos acordados para el impulso económico de las Comarcas Mineras", es decir, las partidas de fondos mineros. Por último, reclaman al Gobierno la "promoción ante la UE de las condiciones para facilitar la participación de carbón procedente de explotaciones competitivas más allá del 1 de enero de 2019". En román paladino, que las empresas viables en esa fecha no tengan que devolver las ayudas recibidas desde 2010.

En este "Acuerdo en Defensa de la Minería del Carbón y de las Comarcas Mineras", se pretende "reivindicar el papel del carbón nacional en la transición hacia un modelo energético bajo en emisiones, como único combustible de origen autóctono que contribuye a la seguridad de suministro en momentos críticos y a la reducción de la dependencia energética del exterior". Y aunque también se reconoce la necesidad de un cambio "en el modelo energético hacia uno con menos emisiones, que fue ratificado en París por 175 países", esta condición "no supone el abandono inmediato de los combustibles fósiles". De hecho, se apela a organismos "de reconocido prestigio como la Agencia Internacional de la Energía (IEA), que sostiene que los combustibles fósiles van a seguir ocupando un papel preponderante en el mix energético mundial a lo largo de las próximas décadas".