La ratificación por parte de la Audiencia Provincial de Oviedo de la condena por la que Uminsa y Coto Minero Cantábrico deberán pagar 46 millones de euros a Hunosa por el caso del carbón desaparecido ha abierto la guerra entre la hullera pública y el empresario leonés del carbón, Victorino Alonso, dueño de ambas empresas mineras cuando se produjeron los hechos -hoy CMC está en liquidación-. La presidenta de Hunosa, María Teresa Mallada, aseguró ayer que Hunosa "va a activar y desarrollar todas las acciones judiciales a su alcance para tratar de cobrar el dinero, los 46 millones de euros que fijan las sentencias que acreditan nuestra versión de los hechos y condenan a las citadas empresas del Grupo Alonso".

Con estas declaraciones, la responsable de la empresa pública contestaba a los portavoces del Grupo Alonso, que a través de Uminsa, anunciaban ayer que de ser firmes las condenas apenas deberán de pagar 8,4 millones a Hunosa. María Teresa Mallada indicó que "tras las sentencias que condenan al pago de 46 millones de euros a las empresas Uminsa y Coto Minero, del Grupo Alonso -porque CMC era del Grupo Alonso cuando ocurrieron los hechos- la respuesta de los condenados es dejar entrever que Hunosa se va a quedar sin cobrar, al menos una parte importante de esa cantidad, e incurrir en descalificaciones personales de todo tipo".

La máxima mandataria aseguró no dar crédito a las afirmaciones lanzadas desde Uminsa, en las que "la explicación de los hechos es que existe una conspiración paranoica urdida contra empresas del Grupo Alonso". En este punto, Mallada aseguró que "igual que cuando aseguramos que faltaba el carbón y pusimos en marcha todas las acciones judiciales a nuestro alcance, y ahora los jueces ratifican nuestra versión, en este momento, Hunosa va a activar y desarrollar todas las acciones judiciales a su alcance para tratar de cobrar el dinero". Un dinero que las sentencias fijan en 46 millones de euros, y que desde el Grupo Alonso reducen a poco más de 8. Algo que hacen en base a que Coto Minero Cantábrico está hoy en liquidación, por lo que no tendría fondos, y la sanción a Uminsa entraría dentro del concurso de acreedores, lo que supondría una quita de 70%, reduciendo a 8,4 millones los que pagarían a Hunosa, siempre desde la perspectiva de Uminsa.

"Son argumentos insostenibles", afirma Mallada, que agrega: "Igual que cuando se anuncia que se pedirán daños y prejuicios cuando ha quedado acreditado que nadie ha retenido cantidad alguna al Grupo Alonso a petición de Hunosa". Además, se mostró molesta ante las acusaciones de participar de las puertas giratorias. "Nunca viví de la política. A alguno le ha traicionado el subconsciente e imagino, por su trayectoria personal y la de sus empresas, que cuando se refiere a puertas giratorias se refiere claramente a las puertas de los Juzgados porque no acaban de salir de uno cuando ya están entrando en otro", finalizó Mallada.