El Ayuntamiento de Mieres lleva meses atascado económicamente debido a dos conflictos laborales que han desembocado en procesos judiciales que, todo apunta, terminarán siendo muy costosos. Las reclamaciones del personal laboral respecto a los complementos salariales suspendidos en 2012 y las demandas de los contratados en el plan de empleo de 2015 en relación al cobro de salarios que no corresponden a las labores realizadas, han paralizado, entre otras cosas, la tramitación del nuevo presupuesto y el plan de inversiones en los pueblos. El gobierno local ya trabaja con cifras concretas. En el mejor de los casos, según los datos que manejan los responsables municipales, el coste de ambos procesos será de 1,3 millones. En el peor, el equipo de Aníbal Vázquez prevé tener que abonar 1,7 millones.
Los servicios económicos del Ayuntamiento de Mieres llevan casi desde principios de año trabajando para intentar ajustar el balance económico al coste de la sentencias laborales contrarias al consistorio. El problema es que el gobierno local, al no saber con exactitud a cuantas denuncias se enfrenta, tampoco ha podido establecer con certeza la cuantía de los procesos. Este diario adelantó hace semanas que la cifra podría rondar los 1,7 millones. Finalmente, esa es una de las cantidades estimadas por el gobierno local. Ahora bien, también se baraja la posibilidad de que los contenciosos puedan ser saldados con no más de 1,3 millones. En todo caso, estas reclamaciones laborales han trastocado por completo toda la planificación económica del Ayuntamiento.
Este dinero se repartirá en dos bloques. Por un lado están los 114 trabajadores laborales que han reclamado judicialmente los complementos que el gobierno local de IU retiró al principio del pasado mandato para reducir la pesada carga de las nóminas municipales. Por otro, las indemnizaciones a los trabajadores del plan de empleo de 2015, que también denunciaron judicialmente al Ayuntamiento tras realizar tareas propias del personal fijo municipal percibiendo por ello sueldos sensiblemente inferiores.
La mayor cuantía, sobre un millón de euros, será destinada a pagar los complementos que en su momento se retiraron de manera irregular, según sentencia judicial. El gobierno local se reunió en marzo con todos los sindicatos con representación en el Ayuntamiento. Este encuentro estaba marcado por el aluvión de sentencias judiciales que durante los meses anteriores habían llegado al consistorio avalando la reclamación de los trabajadores laborales para la devolución de conceptos salariales suspendidos hace cuatro años. Un total de 114 trabajadores denunciaron y ya hay confirmación de unos 90 fallos favorables, por ninguno en contra. Los gestores de IU anunciaron que los 114 denunciantes cobrarán sus reclamaciones. Se trata de los complementos suprimidos en 2014. El compromiso adquirido pasa por pagar también las retribuciones no abandonas en 2015 a todos aquellos trabajadores que lo reclamen. En este caso, sólo lo deberán hacer por vía administrativa. De esta forma es previsible que los 222 afectados los hagan. El problema es que la medida no afecta a los funcionarios. Si bien el personal laboral que en su momento denunció el plan de ajuste ha logrado que sus demandas queden respaldada por sentencias judiciales, en el caso de los funcionarios el único fallo judicial firmado hasta ahora les quita la razón. De esta forma, los cien funcionarios que integran la plantilla municipal seguirán sin cobrar los pluses suspendidos. Los sindicatos, sobre todo el SIPLA, hablan de agravio comparativo.
Paralelamente, el Ayuntamiento deberá atender las reclamaciones judiciales de los trabajadores del plan de empleo del pasado año. Alrededor de medio millón de euros recibirán, en global, los 31 trabajadores que reclamaron por vía judicial su reincorporación al Ayuntamiento.
