Higinia Blanca Valdés, de 89 años, tuvo que abandonar su casa de Lada en 2006 debido a las obras para el desdoblamiento del Corredor. Los trabajos provocaron unas enormes grietas en la vivienda que la hacían inhabitable. A consecuencia de lo ocurrido, el Principado estimó una indemnización de 50.000 euros por la casa y 6.000 euros por daños morales. Estos últimos a repartir con su hermana con la que convivía aunque sólo ella era la propietaria. Nueve años después, esta mujer sigue esperando. Su situación, además, es crítica, ya que no puede permitirse la residencia en la que vive con su pensión. La está pagando con unos ahorros a punto de terminarse.
Todo empezó tras el abandono de su casa y el traslado a una vivienda temporal. La mujer recibió una notificación sobre la concesión de la citada indemnización. Cuando fue a cobrar esta compensación, le dijeron que se había agotado el dinero de la partida destinada a expropiaciones y que tendría que esperar a que se habilitasen nuevos fondos. Desde entonces comenzó una larga batalla para hacerse con ese dinero, incluso con abogados de por medio, que no llegó a ningún fin.
El último avance se produjo este año, cuando al preguntar sobre el estado del expediente, le dijeron que estaba desactivado. Para reactivarlo le solicitaron nueva documentación. Aquí se sumó un nuevo problema. Su hermana, que tenía derecho a la mitad de la indemnización por daños morales -3.000 euros-, ya ha fallecido y le solicitaron la declaración de herederos y una ficha de acreedores. Estos últimos documentos tienen que presentarlos los hijos de su hermana, pero no quieren colaborar.
La anciana pretende que el Principado separe en el expediente la indemnización por la casa y los daños morales, para cobrar al menos los 50.000 euros. Sobre todo porque a corto plazo podría tener que abandonar la residencia en la que vive. La mujer tiene una pensión de 650 euros, pero el geriátrico tiene un coste de 1.200 euros. Hasta ahora ha pagado la residencia con sus ahorros, pero éstos están próximos a terminarse, así que pretende utilizar el dinero de la indemnización para poder seguir viviendo en la residencia. Higinia Blanco Valdés envió esta solicitud por escrito al Principado a finales de abril, sin que haya tenido respuesta alguna.
Tampoco ha podido utilizar la casa -que sigue siendo de su propiedad- para pagarse la residencia. Al no haber recibido la indemnización en el pasado, no pudo rehabilitar el inmueble dañado. La casa está en venta, pero los potenciales compradores que la han visitado han desistido finalmente de su intención de adquirirla debido a su ruinoso estado. Su única esperanza es la indemnización comprometida por la Administración asturiana.
