El gobierno de Mieres ve "muy complicado" que finalmente pueda aprobar un presupuesto este año. Los responsables municipales consultados por este diario puntualizaron que "en la situación actual resulta inviable hacer unas cuentas fiables, por lo que lo más probable es que hasta el año que viene no haya novedades". Los gestores de IU alegan que las doscientas denuncias laborales a las que tiene que hacer frente en los juzgados, más las del plan de empleo, otras 30, impiden poder establecer una ruta de hoja económica. Se calcula que el coste de estos contencioso rondará los 1,3 millones de euros, aunque la cifra aún es estimativa.
El Ayuntamiento de Mieres está abocado a una sexta prórroga presupuestaria consecutiva, sin deuda, una caso insólito en el municipalismo asturiano. Y eso que la oposición, al unísono, y el propio movimiento vecinal, llevan meses pidiendo públicamente una cuentas, eso sin contar que el gobierno de Mieres tiene mayoría absoluta. Sin embargo IU no está por la labor, según dicen, de tomar atajos a la hora de aprobar el nuevo presupuesto municipal. El gobierno local no tiene intención, al menos por el momento, de tramitar el presupuesto que elaboró a principios de año. Los responsables municipales consultados reconocen que actualmente el proyecto económico está parado. Es la segunda vez que el equipo de Aníbal Vázquez se queda en la orilla. Ya que en 2014 también llegó a tener elaborado el presupuesto, casi cerrado, pero entonces fue el "caso Goncesco" el que frenó al gobierno. Al final acabarían pagándose a la citada constructora más de tres millones de euros por un conflicto urbanístico que se remontaba a la década de los ochenta. Ahora son las denuncias laborales las que constriñen las armas municipales hasta el punto de que IU no se atreva a trabajar con previsiones a un año vista.
Las últimas cuentas aprobadas en Mieres datan de 2009 y durante los últimos cinco años se han ido prorrogando. Así, sigue vigente el presupuesto aprobado en junio de 2009, que, además, salió delante de una forma anómala en un polémico Pleno. El entonces Gobierno del PSOE encabezado por Luis María García tenía minoría en el Pleno y el resto de grupos habían anunciado que votarían en contra del presupuesto. A última hora, el PP se presentó a la sesión sin tres de sus siete ediles, permitiendo al PSOE sacar adelante el presupuesto y provocando una división interna en los populares que acabó con la inmediata expulsión del partido de la dirección local. Ese presupuesto de más de 38 millones de euros que fue aprobado por sorpresa ha terminado teniendo, tras sucesivas prórrogas, un vigencia de seis años, ya que los actuales gestores de IU, partido que votó en contra de ese presupuesto en 2009, han renunciado a elaborar, año tras año, un nuevo plan económico.
La conflictividad laboral es ahora el dique que impide que el presupuesto fluya. Las denuncias a las que se enfrenta el Ayuntamiento de Mieres se pueden dividir en tres grandes bloques. Por un lado están los 31 trabajadores del último plan de empleo que han reclamado por vía judicial su reincorporación al Ayuntamiento. Todo indica, según sentencias precedentes, que ganarán, por lo que tendrán que ser indemnizados. Luego están los 125 trabajadores laborales que exigen la devolución de conceptos salariales suspendidos hace tres años. Alrededor de 90 de estas reclamaciones han sido atendidas por los Juzgado. De hecho el consistorio ya ha empezado a pagar las anualidades que han sido reclamadas a través del juzgado. Donde el Ayuntamiento tiene más posibilidades de salir indemne es con los funcionarios que han seguido el camino de sus compañeros laborales. Las primeras sentencias han dado la razón al gobierno local.
