Sogepsa tiene que asumir el viejo cuartel de la Guardia Civil de Langreo. La Audiencia Nacional ha acordado la ejecución provisional de la sentencia que condenaba a la Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo de Asturias a hacerse cargo del edificio ubicado en Langreo Centro, que tendrá que ser derribado. De esta forma, el tribunal accede a la petición de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (Giese), entidad dependiente del Ministerio del Interior, que reclamó recientemente la ejecución del fallo que le dio la razón hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo (TSJA), afirma el Gobierno central.
Esa sentencia, que obligaba a Sogepsa a asumir la propiedad en un plazo máximo de tres meses, fue recurrida por Sogepsa. La sociedad regional tiene también ahora un plazo de cinco días desde la notificación del auto, que fue dictado el 27 de julio, para presentar un recurso de reposición. Esta decisión llega en un momento en el que el Ayuntamiento de Langreo concluye la redacción del requerimiento para que se derribe el viejo acuartelamiento ante su estado de deterioro. Si la propietaria del edificio no lo hace, el Consistorio lo abordará de forma subsidiaria, pasando los gastos posteriormente al dueño.
El gobierno local no ha podido reactivar el procedimiento hasta ahora dado que en el pasado mandato se había fijado en la resolución de declaración de ruina económica del inmueble un plazo de dos años para que el dueño abordase su rehabilitación, actuación que no se ejecutó. El Ministerio del Interior y Sogepsa se enfrentan en los tribunales para dirimir quién es el propietario en aplicación del convenio que suscribieron ambos en 2006 para construir el nuevo cuartel. La sociedad regional levantó el acuartelamiento ubicado en la calle La Unión y a cambio, reflejaba el acuerdo, recibiría como compensación los terrenos donde se ubica el viejo edificio, la principal zona de expansión del concejo. Son 4.964 metros cuadrados que se destinarían en principio a uso residencial y que están divididos en dos parcelas, una correspondiente al antiguo cuartel y otra, más pequeña, anexa a la nueva construcción.
El Ministerio del Interior asegura que la demora en la recepción por parte de Sogepsa del edificio le causa "unos evidentes perjuicios económicos". Le obliga a hacer frente a gastos como, señala, "la prevención y vigilancia del edificio para evitar una posible entrada y ocupación ilegal". Sogepsa considera que el Gobierno central y los dirigentes del PP "han actuado con deslealtad, cicatería, intransigencia y con mentiras" ya que, indicó, en 2013, cuando las dos partes se reunieron para desbloquear la apertura del nuevo acuartelamiento, el Ejecutivo estatal se comprometió a asumir el derribo de la vieja instalación. Frente a ello, subrayó la "voluntad de cooperación" mostrada por la empresa mixta en el proceso.
El PP censuró las "maniobras dilatorias" y la estrategia "obstruccionista" seguidas por Sogepsa para tratar de eludir "el cumplimiento del convenio".
