El conflicto judicial que mantienen el Ministerio del Interior y Sogepsa (Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo de Asturias) sobre la propiedad del antiguo cuartel de la Guardia Civil de Langreo no influirá en la hoja de ruta marcada por el Ayuntamiento para su derribo. Así lo aseguró ayer el Alcalde, Jesús Sánchez, que garantiza que el Consistorio remitirá el requerimiento en breve, antes de que se dirima quién es el propietario del edificio. En el escrito dará un plazo que, en todo caso, no excederá los seis meses para la demolición de las instalaciones, en avanzado estado de deterioro, aunque aún se ha fijado cuál será.

La Audiencia Nacional dictó un auto el 27 de julio que obliga a Sogepsa a hacerse cargo del acuartelamiento que ya no tiene actividad. El tribunal ordena la ejecución provisional de la sentencia del pasado febrero que condenaba a la sociedad regional a asumir la propiedad a pesar de que ésta recurrió al Tribunal Supremo (TS). La Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (Giese), entidad dependiente del Ministerio del Interior, había realizado esa solicitud. Este auto judicial no variará los planes del Consistorio, que se dirigirá a Sogepsa pero también al Ministerio del Interior, ya que así lo aconsejan los servicios jurídicos, con la intención de que el edificio sea derribado. Si no fuese abordada la actuación en el plazo marcado sería el Ayuntamiento el que la ejecutaría de forma subsidiaria, repercutiendo después los gastos al propietario.

"El mal estado que presenta el edificio motiva que no se pueda esperar", indicó el regidor. Sánchez considera que las consecuencias del conflicto en el que están inmersos Interior y Sogepsa "no las pueden pagar los vecinos". El Ayuntamiento seguirá el procedimiento marcado una vez que se ha cumplido el plazo establecido por el gobierno local en el anterior mandato al propietario del viejo cuartel para que se rehabilitase el inmueble, que era de dos años. El expediente de ruina económica iniciado entonces se reactiva ahora y el requerimiento irá acompañado de una fecha tope para ejecutar la demolición o rehabilitar. Si no, el Consistorio acometerá el derribo que podría costar, estima el Alcalde, "en torno a 60.000 o 70.000 euros".

Esta cantidad tendrá que ser satisfecha por el dueño una vez concluya el conflicto judicial, remarcó. El ejecutivo municipal es consciente de que existen muchas posibilidades de que tenga que afrontar la actuación dada la batalla judicial entre los dos firmantes del convenio para la construcción del nuevo cuartel. El Consistorio, dijo el Alcalde, "pondrá unos plazos ajustados e irá con garantías a la ejecución subsidiaria".

El convenio establecía que Sogepsa construiría el nuevo cuartel. Este edificio entró en servicio en 2014 tras tres años de bloqueo debido a las discrepancias sobre el pago del IVA del acuartelamiento, que asciende a 544.000 euros, y que enfrenta a la sociedad regional y a Interior en los tribunales. Sogepsa recibiría los terrenos donde se ubican las viejas instalaciones, que ocupan 4.964 metros cuadrados. Está ubicado en una zona que registra gran tránsito, de conexión entre Sama y La Felguera.